El excomisario de Sanidad John Dalli, que dimitió la semana pasada por acusaciones de tráfico de influencias en la industria tabaquera, cobrará durante tres años una compensación equivalente al 45% de su salario (unos 9.000 euros al mes) y después una pensión vitalicia de alrededor de 2.300 euros.
El caso tiene su origen en una denuncia que la tabaquera Swedish Match presentó en mayo de 2012 y que ahora ha transcendido. La compañía alegaba que un empresario maltés les pidió, esgrimiendo sus contactos con Dalli, una comisión a cambio de lograr influencia en una posible futura propuesta legislativa sobre productos del tabaco, y en particular sobre la prohibición que la UE impone al tabaco para uso oral, snus.
Según las conclusiones de un informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), no existe "ninguna prueba concluyente de la participación directa del señor Dalli en el caso, pero considera que éste tenía conocimiento de los acontecimientos".
"El señor Dalli es inocente hasta que se demuestre lo contrario y no ha hecho nada malo por lo que se refiere a su derecho a recibir una pensión. Tiene derecho (a ella) de acuerdo con la legislación de la UE", ha explicado el portavoz de la Comisión, Olivier Bailly, para justificar el pago.
La excomisaria Edith Cresson, cuyas irregularidades hicieron caer a todo el Ejecutivo comunitario en 1999, sólo vio suspendida su pensión cuando fue condenada por los tribunales. Pero recurrió la pérdida de la pensión, la justicia le dio la razón y sigue cobrando, ha explicado el portavoz.
"Lo podrán considerar ustedes legítimo o no pero estas son las reglas y, en tanto que guardianes del Tratado, debemos respetarlas", ha dicho Bailly a los periodistas.
Los derechos de pensión acumulados por Dalli durante sus dos años y medido de mandato equivalen al 11,4% de su salario (alrededor de 20.000 euros al mes). Pero además, y antes de percibir la pensión, el maltés se beneficiará durante tres años de una indemnización del 45% del salario (unos 9.000 euros mensuales).
Se trata de una compensación que reciben todos los comisarios al abandonar el cargo y cuyo objetivo es garantizar que cuentan con recursos suficientes hasta encontrar otro trabajo o jubilarse. Aunque Dalli está a punto de alcanzar los 65 años, cobrará los 9.000 euros durante tres años, ha explicado el portavoz.
Ante las insinuaciones por parte del excomisario de Sanidad de no dimitió sino que fue destituido, el Ejecutivo comunitario ha precisado este lunes su versión de los hechos. Y ha admitido que fue el presidente, José Manuel Durao Barroso, el que "ofreció dimitir" a Dalli tras presentarle las conclusiones del informe de la OLAF.
Barroso consideró "insostenible políticamente" que, con los indicios disponibles sobre un posible tráfico de influencias, pudiera quedarse en una "cartera sensible" como la de Sanidad, según el portavoz. Hay dos testigos de la dimisión de Dalli: el director general de servicios jurídicos y el jefe de gabinete de Barroso.
Jonh Dalli presenta su dimisión
