El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que puso fin ayer a sus vacaciones veraniegas, afronta en su rentrée la reválida más dura para una España sobre la que planea la sombra del rescate. Su agenda de deberes es amplia y no menos la información que habrá de proporcionar continuamente el Gobierno a Bruselas sobre sus avances en el saneamiento de las cuentas públicas y las entidades financieras.
En el calendario más próximo, el Consejo de Ministros de esta misma semana, el banco malo. Tras meses más cerca del sí que del no y de soslayar esa nomenclatura, el Gobierno aborda este viernes la creación de una sociedad para los activos dañados de nuestras entidades financieras.
Se prevé que ese mismo día se definan las condiciones de la prórroga de la ayuda de 400 euros a parados que hayan agotado su prestación, en el marco del Plan Prepara, que inlcuirá mayores exigencias a las CCAA respecto a la diligencia en su aplicación.
Pese a la relajación de la prima de riesgo, al Ejecutivo no dejan de crecerle los problemas. De hecho, también ha de dar una solución en materia de participaciones preferentes, en un momento muy delicado para la banca y el país.
Reforma de la Administración
Y siguen estando pendientes reformas de calado, como la energética y la de las Administraciones Públicas, dos duros huesos que la frenética necesidad de reacción al acecho de los mercados ha ido aparcando. España sigue con una Administración hipertrofiada y que ha de ser limpiada de duplicidades y concurrencias, en orden a descargar las cuentas públicas de gastos recurrentes y que crecen sistemáticamente en el tiempo. Y para ello no basta con los recortes aplicados al sueldo de los empleados públicos, sino que es preciso, como se comprometió el Ejecutivo, abordar un cambio de esquema en el que se eliminen las ineficiencias y gastos superfluos, comenzando por el deslinde de competencias. El objetivo es una reforma integral que modifique los modelos anquilosados de actuación y coordinación en las Administraciones Públicas y garantice el correcto destino y el uso responsable del dinero público.
Pero donde realmente se la juega el Gobierno ante Bruselas y los mercados es en el saneamiento de las cuentas públicas y en la verosimilitud de las medidas antidéficit.
Cuentas autonómicas
En este afán, resulta clave para el equipo de Rajoy embridar aún más a las comunidades autónomas, en un contexto en que las más díscolas, como Andalucía y Cataluña, siguen plantando cara al Gobierno en cada cumbre autonómica.
Ingresos indeterminados
La marcha de las cuentas públicas obliga a forzar la tuerca en sus últimas vueltas. Máxime ante la indeterminación sobre el impacto real que tendrán las alzas tributarias y la amnistía fiscal. Sobre esta figura, dos expertos de la Comisión Europea han manifestado su disconformidad. Estiman que sus costes son más altos que los beneficios, y piden evitar este tipo de regularizaciones que dan señales de que la evasión fiscal resulta provechosa.
Si bien el dato de déficit no es del todo indicativo en comparación interanual porque acumula transferencias a las autonomías y la Seguridad Social para todo el año, su volumen no es tranquilizador a ojos europeos. En el primer semestre, el desequilibrio alcanzó el 4,04 por ciento, cuando la meta es del 6,3 para todo el año. Y no es la última actuación que debe abordar el Gabinete de Rajoy respecto de las CCAA en su examen ante la UE y los mercados. El Gobierno prevé acordar este jueves en una Comisión las condiciones de acceso al Fondo de Liquidez Autonómico, que se prevén muy estrictas para las solicitantes, como Valencia y Murcia, a las que se prevé que se sume Cataluña en los últimos días de agosto.
A esta complicada y decisiva lista de deberes postvacacionales de Rajoy se une el seguimiento al Plan de Reformas, con actuaciones prometidas pero que siguen aparcadas, como la quimera de la Ley de Emprendedores, difícil de vender si no incluye incentivos fiscales, costosos de ser incluidos en medio de un ajuste con alzas impositivas.
El puzzle de reformas está incompleto
