La vicepresidenta de la Generalitat reconoce que las plantillas se han sobredimensionado en los últimos años
La Generalitat no se anda con rodeos y ya anticipa una nuevo ajuste, esta vez centrando en el personal de sus empresas públicas. Su vicepresidenta y presidenta en funciones del Gobierno catalán, Joana Ortega, reconoció ayer que parte de estas sociedades "se han ido sobredimensionado en los últimos años", lo que repercutirá en ajustes de plantilla mediante expedientes de regulación de empleo (ERE).
Ortega apuntó que, aunque se ha de intentar "reducir al máximo los despidos", se ha de actuar con "la máxima eficacia y eficiencia. Las cosas no se pueden mantener así", dijo en una entrevista a Catalunya Radio.
La vicepresidenta no aclaró si se mantendrá o no el próximo año la reducción de sueldos de los funcionarios, ya que depende de cómo evolucionen los presupuestos del Estado. Los trabajadores públicos del Gobierno catalán han ido aumentando hasta sumar en la actualidad 230.128 empleados, una parte de los cuales dependen directamente de la Generalitat y el resto están repartidos en un total de 228 entidades públicas.
La presidenta en funciones de la Generalitat también abordó el debate sobre la recentralización del Estado, en un momento en el que las comunidades autónomas están experimentando dificultades para pagar servicios básicos que tienen transferidos. Para Ortega, "hay comunidades autónomas que no tienen sentido". "Ellas mismas reivindican devolver competencias al Estado", recalcó.
Comunidades con "ADN"
Ortega pidió que se pongan de manifiesto "aquellas comunidades autónomas que en su ADN y de una manera histórica creemos que somos país y queremos ejercer nuestro autogobierno". Joana Ortegareclamó al Gobierno que deje a Cataluña "tranquila" y que le permita seguir gestionándose, al considerar que hasta ahora se ha efectuado esta gestión con "suficiente solvencia y responsabilidad".
Ortega prefirió tomar ayer distancia frente a otros dirigentes de su partido, como el consejero de Interior, Felip Puig, que son partidarios de avanzar hacia la autodeterminación si las negociaciones por el pacto fiscal fracasan. Según la vicepresidenta, la "prioridad" es luchar por el texto aprobado por el Parlament el pasado 25 de julio. "No tenemos que avanzar a pasos agigantados. Las cosas se han de hacer paso a paso", dijo. La presidenta en funciones no contempla, además, convocar elecciones anticipadas porque "no es lo que el país necesita".
En su opinión, unos comicios anticipados "han de ser el último resorte en un momento en que ya no se pueda avanzar".
Tras el acercamiento que durante las últimas semanas se ha escenificado entre CDC y ERC, como han expresado las recientes declaraciones de sus dirigentes, Ortega aboga por mantener la estrategia actual de que CiU alcanza acuerdos en el Parlament "con todos". "Tenemos la obligación de negociar con todas las fuerzas políticas", tanto en el debate de los presupuestos como en otras leyes, aseguró Ortega, que certifica que sí que ha habido aproximaciones con ERC.
