Cataluña sigue inmersa en su política de recortes, en un intento por cuadrar sus cuentas. Hoy, la vicepresidenta del Gobierno catalán y presidenta de la Generalitat en funciones, Joana Ortega, ha avanzado que tras los recortes en el Incasol y otras empresas, seguirán tratando de racionalizar la Administración y reduciendo las plantillas de sus empresas públicas.
Ortega ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio, que se intentará reducir al máximo los despidos, pero ha puntualizado que hay sociedades "que han sido sobredimensionadas en los últimos años", por lo que habrás "más ERE".
Sobre los problemas de liquidez económica de la Generalitat, la vicepresidenta ha considerado que en agosto se podrán pagar las ayudas a las entidades sociales. En el mes de julio, Cataluña no cumplió con los pagos a los centros sanitarios, educativos y sociales concertados. Desde el Gobierno catalán se culpó a la política del Ejecutivo central y se afirmó que no tenían otra elección.
CCAA "sin sentido"
La presidenta en funciones también ha abonado el debate sobre la recentralización del Estado manifestando que "hay comunidades autonómas que no tienen sentido". "Ellas mismas reivindican devolver competencias al Estado", ha incidido la democristiana.
Ortega ha pedido que se pongan de manifiesto "aquellas comunidades autónomas que en su ADN y de una manera histórica creemos que somos país y queremos ejercer nuestro autogobierno".
Así, la presidenta en funciones ha reclamado al Gobierno central que deje a Cataluña "tranquila" y que le permita seguir gestionándose, al considerar que hasta ahora lo ha hecho con "suficiente solvencia y responsabilidad".
Según explicó, lo que preocupa más al ejecutivo catalán "es el afán recentralizador y de invasión de competencias" por parte del Gobierno español. Esto es algo que el gobierno catalán "no puede consentir" por lo que recurrirá todas las leyes y normas que invadan competencias ante el Tribunal Constitucional.
Según Ortega, los alcaldes "también están muy preocupados" por la ley estatal que prevé la supresión de algunos ayuntamientos puesto que implica también "otra invasión de competencias y un menosprecio hacia la autonomía local".
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