Los recortes ejercerán una acción contractiva en la actividad que hará prolongar la recesión a lo largo de 2012 y 2013.
Ante la persistente presión de los mercados, y siguiendo recomendaciones de la troika, el Gobierno ha realizado una serie de ajustes con el objeto de doblegar el déficit público, reducir la prima de riesgo, y estabilizar la deuda pública como paso previo para una ulterior recuperación de la actividad económica. La nueva ronda de ajustes contempla diversas medidas adicionales de aumento de impuestos y reducción de gastos que tratan de infundir mayor credibilidad en la consecución de los objetivos suavizados de reducción del déficit público -situados ahora en el 6,3 por ciento para este año y en el 4,5 por ciento para el próximo- que constituyen un compromiso irrenunciable con la Comisión Europea.
El problema estriba en que casi todas estas medidas ejercen, como acaba de señalar el FMI, un impacto contractivo sobre la actividad económica, de forma que el crecimiento de la economía española, tanto en lo que resta de este año como en gran parte del próximo, registrará un recorte adicional.
El propósito de este artículo es el de cuantificar los efectos de estas medidas, aspecto sobre el que tanto el Gobierno como el FMI han sido poco explícitos y que sin embargo es importante por un doble motivo: primero, porque a todos nos interesa conocer lo que puede ocurrir durante los próximos años, ya que está en juego nuestra credibilidad económica, y segundo, porque de las argumentaciones que subyacen tras esta cuantificación pueden derivarse enseñanzas que ayuden a nuestros gobernantes a mejorar sus actuaciones en un ámbito tan trascendental.
Nuestras estimaciones se basan en simulaciones realizadas con modelos diseñados precisamente para evaluar los efectos de las políticas públicas en algunas de las principales comunidades autónomas españolas, conclusiones que, por haber sido validadas en diferentes contextos, juzgamos extrapolables a nivel nacional. Para acercarnos en lo posible a la realidad, las simulaciones han tomado como base el mismo escenario exterior en cuanto a tipos de interés, tipos de cambio, precios del petróleo, crecimiento mundial y europeo, etc. contemplado por el Gobierno en el Plan de Estabilidad y Crecimiento 2012-2015.
Nuevos sacrificios
Lo primero que se advierte es que, en general, los efectos contractivos sobre la actividad de las medidas adoptadas son notorios, y que, al margen de que dichas medidas sean necesarias para mejorar nuestro potencial de crecimiento a largo plazo, no cabe duda de que, en el corto y medio plazo, van a suponer nuevos sacrificios en el futuro inmediato.
Entre todas las medidas contempladas, la más llamativa, la elevación del tipo general del IVA del 18 al 21 por ciento, complementada con la elevación del tipo reducido del mismo del 8 al 10 por ciento y con la inclusión en el tipo general de algunos productos que antes estaban sometidos al tipo reducido, todo ello a partir del 1 de septiembre, ejercería un impacto sobre el PIB real del -0,1 por ciento en 2012 y del -0,3 por ciento en 2013.
Como señala el Banco de España en su último informe, la hipótesis de repercusión plena es altamente improbable bajo las circunstancias presentes, pero en cualquier caso parece claro que la subida del IVA ejercerá un impacto contractivo muy significativo el próximo año, no sólo por el efecto directo que provoca la elevación de los tipos sobre los precios y la caída del consumo a través de su incidencia sobre la renta real disponible, sino también por la repercusión indirecta del descenso del gasto sobre el empleo, la renta nominal disponible y la demanda global.
El impacto contractivo de las modificaciones en el impuesto de Sociedades -como por ejemplo la limitación de la deducción de los gastos financieros hasta un determinado porcentaje del resultado de explotación- tampoco sería muy significativo este año, pero podría alcanzar un -0,3 por ciento en 2013. La causa de este resultado es la elevación que tiene lugar en el tipo medio efectivo del impuesto de Sociedades, con los consiguientes efectos adversos sobre el coste de uso del capital y, en último término, sobre la inversión productiva.
La eliminación de la paga de Navidad de los funcionarios podría suponer asimismo, como consecuencia de la reducción de la renta disponible sobre el consumo privado, un impacto contractivo sobre el PIB real del orden de -0,1 puntos este año y de -0,2 puntos en 2013.
Una menor relevancia y oportunidad cabe atribuir al aumento del tipo del IVA para la adquisición de vivienda nueva, desde el 4 hasta el 10 por ciento, y la supresión de la desgravación fiscal. Ambas medidas tenían que haber sido puestas en práctica hace años cuando la burbuja inmobiliaria comenzó a inflarse de forma alarmante ante la pasividad de nuestras autoridades, pero no ahora, cuando hay todavía 700.000 viviendas sin vender.
Probablemente, la expectativa de la supresión de los incentivos a la adquisición de vivienda reactive temporalmente el mercado, pero dados los exiguos niveles actuales de construcción de viviendas, la repercusión sobre la actividad será, en todo caso, muy limitada. De entre todas las medidas adoptadas, la única que ejercerá un impacto dinamizador sobre el PIB, del orden del 0,1 por ciento en 2013, es la de la reducción de las cuotas a la Seguridad Social, aunque es importante destacar que sus efectos expansivos se dejarán sentir sobre todo en el empleo.
Considerando el efecto del conjunto de todas las medidas a las que nos hemos referido, que no necesariamente coincide con la suma algebraica de los impactos individuales, dado que éstos están sometidos a la cláusula ceteris paribus, nuestras estimaciones apuntan, en el peor de los casos, hacia una contracción adicional del PIB real del orden de -0,3 puntos en 2012 y de -0,5 puntos en 2013, cifras que se elevarían a -0,6 puntos este año y a -0,8 puntos en el próximo si añadimos el impacto de los aumentos en el IRPF con efectos a partir del 1 de enero de este año. Como consecuencia de ello, nuestros cálculos anticipan una caída global del PIB real del -1,8 por ciento en 2012 y del -1,1 por ciento en 2013, cifras que para el primero de los años citados superan tanto las estimaciones del FMI como las del Gobierno y para el segundo de ellos se sitúan entre ambas.
Como puede advertirse, el impacto contractivo sobre la actividad económica de las iniciativas adoptadas por el Gobierno Rajoy es muy apreciable. Ahora bien, lo relevante en estos momentos es saber si esta nueva ronda de sacrificios va a servir realmente para algo, y afortunadamente hay un aspecto fundamental -aparte de las consideraciones relativas a sus efectos a largo plazo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y sobre el potencial de crecimiento- con respecto al cual la contestación es claramente positiva: y es que las actuaciones a las que nos hemos referido deben facilitar la consecución del objetivo de reducción del déficit público, un objetivo que constituye un compromiso inexcusable para que España pueda mantener su autonomía en el contexto de la Unión Europea.
En efecto, según nuestros cálculos, los resultados que se obtienen a este respecto son inequívocos: la elevación de los tipos del IVA reduciría en 0,2 puntos la ratio del déficit sobre el PIB monetario este año y en 0,6 puntos el año que viene, aunque el resultado definitivo dependerá del grado en el que el aumento del impuesto se repercuta sobre los precios.
Por otra parte, las modificaciones introducidas en el impuesto de Sociedades permitirían una reducción de aproximadamente tres décimas del PIB monetario tanto este año como en el próximo, y de la supresión de la paga extraordinaria de los funcionarios se derivaría una reducción similar este año.
Aunque la reducción en las cotizaciones sociales elevaría la relación entre el déficit y el PIB monetario en casi dos décimas, las medidas propuestas en el Decreto facilitarían una reducción equivalente a 0,7 puntos porcentuales del déficit sobre PIB monetario en 2012 y de alrededor de 1,3 puntos en 2013, cifras que se elevarían a 1,3 puntos y 2,2 puntos, respectivamente, si incorporamos los efectos de la elevación de los tipos del IRPF.
Que los nuevos compromisos de déficit contraídos con la Unión Europea puedan ser o no finalmente alcanzados dependerá también de la evolución que registren otros factores cuyo comportamiento será también determinante, empezando por el control de gastos en las comunidades autónomas y otros que escapan al control del Gobierno: la coyuntura internacional y europea, el precio del petróleo, el tipo de cambio del euro, la prima de riesgo y los tipos de interés, por poner solo algunos ejemplos. Llegados a este punto, podríamos abrir un debate acerca de si las iniciativas tomadas son las más idóneas para alcanzar los objetivos que se nos han impuesto o si por el contrario podrían haberse obtenido resultados similares con un menor coste social y económico. Pensamos que nos queda todavía un largo camino por recorrer en los ámbitos de la lucha contra el fraude, de las reformas estructurales, de la organización del Estado, de la regulación económica y de lo que en general podríamos llamar el buen gobierno de la nación en su sentido más amplio para que podamos afrontar con garantías de éxito el enorme reto de la mejora de la competitividad que tenemos por delante. Finalmente, en lo que respecta a la cobertura que nos otorgan las instituciones comunitarias, también creemos que nuestros esfuerzos bien merecen un apoyo más decidido que el que nos han prestado hasta ahora.
El Gobierno ajustará 102.000 millones entre 2012 y 2014
