Madrid, 7 jul (EFECOM).- El Consejo de Ministros aprobó hoy el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, cuyo objetivo principal es fomentar la productividad, -con la eliminación de barreras de entrada al mercado de la contratación pública- y aumentar la competencia.
Según la reseña, el proyecto persigue además introducir en la legislación nacional la utilización de criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación.
Los principios que se desarrollan en el Proyecto de Ley son los de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y transparencia e implica una "profunda" modificación estructural del mercado de la contratación pública y hace aportaciones directas a la flexibilidad y modernización de la economía en la línea marcada por el Programa Nacional de Reformas.
Respecto al impulso a la productividad, el Proyecto de Ley suprime las barreras de entrada y reduce los costes para los licitadores, cuya garantía provisional del 2 por ciento del presupuesto de licitación deja de ser preceptiva.
Además, la presentación de documentación previa a la adjudicación se limita a un certificado del registro de licitadores y la publicidad electrónica gratuita, con valor legal en determinados supuestos.
También permitirá el acceso a la documentación, pliegos y proyectos por vía electrónica, facilidades para la contratación electrónica y una nueva regulación de la subcontratación para facilitar el acceso de la PYME al mercado de compras públicas.
Asimismo, se incorporan nuevas figuras para la adjudicación de contratos que permiten una selección más adecuada del procedimiento de adjudicación de cada contrato como el negociado con publicidad, para contratos de hasta un millón de euros en obras y de hasta cien mil euros en otros contratos y un diálogo competitivo para contratos especialmente complejos.
Además, se añade la subasta electrónica, que permite la mejora en tiempo real de las proposiciones y se introducen nuevos mecanismos para la racionalización de la contratación, con acuerdos marco, que fijan condiciones para celebrar contratos singulares, sistemas dinámicos de adquisición, centrales de contratación.
También supone una apuesta decidida por la contratación electrónica y el I+D+i, crea el marco legal para el desarrollo de la contratación electrónica, establece normas sobre los medios de comunicación y define la equivalencia entre documentos escritos y electrónicos.
Además, asume la utilización de internet para publicitar la programación del órgano de contratación, con valor legal y consecuencias en la reducción de plazos y crea una plataforma de contratación del Estado donde se accederá a la publicidad con valor indicativo y valor legal.
Asimismo, regula fórmulas específicas de contratación de los organismos públicos de investigación para garantizar la obtención de retornos tecnológicos e industriales y su adecuada participación en la concurrencia internacional por los proyectos de investigación, que permita acceder a fuentes financieras adicionales para proyectos científicos.
Además, se definen regímenes especiales para los contratos ligados a programas de investigación en colaboración con entidades extranjeras y el acceso a revistas y bases de datos electrónicas.
Por otra parte, el Proyecto de Ley permite la introducción de criterios de naturaleza social y medioambiental en las condiciones de ejecución del contrato.
También promueve el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, elimina las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado y facilitar la formación en el centro de trabajo.
El Proyecto de Ley prevé, además, que el incumplimiento de estas condiciones dé lugar a la resolución del contrato o a penalizaciones económicas proporcionadas al incumplimiento, situando a estas condiciones de tipo social o medioambiental como obligaciones esenciales del contrato. EFECOM
sgb/rjc
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