MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), Dacio Alonso, pidió hoy a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones que actúe contra la modificación de condiciones contractuales "impuesta" por Movistar y Vodafone y notificada con la factura del mes de marzo a sus clientes, que incluye una nueva cláusula "abusiva" de permanencia de 18 meses a contar desde el 1 de abril, "impidiendo la libre competencia y el derecho de los clientes a cambiar de compañía".
Alonso explicó que la inclusión de cláusulas de permanencia en los contratos es una práctica legal, pero que "el problema" en este caso es que es "impuesta y desproporcionada", diseñada para "blindar" su clientela y frenar la portabilidad. "La cláusula entra en vigor en abril y empieza de nuevo para los usuarios que ya tenían la permanencia superada o casi superada", argumentó.
Un portavoz de Vodafone precisó a Europa Press que la cláusula de permanencia únicamente afecta a las nuevas altas y a los actuales clientes de la operadora que la quieran aceptar libremente al decidir beneficiarse del acceso a un nuevo terminal subvencionado.
La UCE ha presentado denuncia contra la "imposición" de la entrada en vigor de las nuevas condiciones contractuales ante el Instituto Nacional de Consumo, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CNT), el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Alonso adelantó que la organización acudirá a los tribunales si la Administración no atiende sus denuncias, a pesar de que las compañías "recurran al Tribunal Supremo para seguir haciendo caja mientras tarda cinco años en dar sentencia".
Asimismo, criticó que el Ministerio de Industria no haya abierto ningún expediente sancionador a las operadoras a pesar de haber detectado condiciones abusivas "en todos sus contratos". "Se ha limitado a recomendar la eliminación de esas cláusulas. Las operadoras se están enriqueciendo de forma injusta e ilícita, mientras que el Gobierno está más pendiente del beneficio de las compañías que de los derechos de los consumidores", aseveró.
Alonso insistió en su rechazo a "la alteración unilateral" por parte de Movistar y Vodafone de las condiciones pactadas en los contratos originales y subrayó que la pérdida de derechos de los usuarios se produce de forma automática, "por omisión y sin firmas", si el cliente no expresa en el plazo de un mes su rechazo a la nueva relación con la operadora. "La forma de presentación del documento, camuflado con una factura, induce a engaño y confusión, ya que se muestra como una mera información. Y ni siquiera se garantiza la recepción de la comunicación", advirtió.
La modificación de condiciones de los contratos permite también a las operadoras, según recalcó Alonso, imponer una penalización de 150 euros a los clientes que quieran cambiar de compañía, variar "a su antojo" el consumo mínimo pactado y modificar las tarifas informando de ello únicamente a través de sus páginas 'web'.
"COSTE DE LOS ABUSOS".
Alonso recordó que las compañías de telecomunicaciones siguen liderando la lista de quejas, denuncias y reclamaciones de los consumidores, con aproximadamente el 25% del total. Según indicó, más del 10% de la facturación de las operadoras es fruto de sus "abusos" sobre los consumidores, gracias a la facturación con 'redondeo' y a las cláusulas "desproporcionadas".
UCE destaca en sus denuncias que, de acuerdo con los datos de la CMT, en 2004 las tres operadoras móviles facturaron de más 1.183,7 millones gracias al redondeo, lo que supone un gasto "injusto" de 32 euros por cliente al año.
