
Las grandes empresas también podrán acogerse a la "autolicencia exprés", una mecanismo por el que se eliminará el actual sistema de licencias municipales para abrir un negocio y que inicialmente se pensó limitar a establecimientos titularidad de un autónomo o pymes. El Gobierno dará hoy luz verde a esta medida en el Consejo de Ministros.
El único límite será que la superficie de la sala de venta del local no supere los 300 metros cuadrados, ha informado hoy la directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno.
El nuevo sistema quedará establecido en el Real Decreto de medidas urgentes de impulso al comercio, que está previsto que apruebe hoy el Consejo de Ministros. "Al avanzar en los informes jurídicos entendimos que no se podía discriminar a las empresas por su tamaño o dimensión, ya que sería contrario al ordenamiento jurídico", ha apuntado Cárdeno, quien ha puntualizado que el tipo de actividades al que se dirige la norma está regentado habitualmente por pequeños empresarios.
Sectores beneficiados
Entre los segmentos que se podrán beneficiar de la "autolicencia exprés" se encuentran la alimentación (carnicerías, pescaderías, panaderías, etc), el sector textil (personal y hogar), muebles, electrodomésticos, joyerías y servicios a personas, como por ejemplo, las peluquerías, entre otros.
La finalidad de la medida es que en un momento de crisis como el actual los empresarios puedan reducir al mínimo los gastos que conlleva la apertura de un negocio, cuya tramitación supera ahora incluso el año en algunas ocasiones, ha explicado Cárdeno. "Muchos empresarios se ven obligados a pagar un alquiler durante meses antes de poder abrir, por lo que la nueva normativa permitirá ahorros muy considerables", añadió.
Actualmente, para abrir un comercio se necesitan a priori dos licencias municipales, la de establecimiento y la de actividad. A partir de la entrada en vigor del Real Decreto, basado en un sistema de control a posteriori, bastará que el empresario presente un informe técnico expedido por un profesional colegiado, una declaración responsable de que cumple la normativa municipal y que pague las correspondientes tasas.
Para facilitar la adaptación y una cierta armonización, se diseñará una ordenanza marco a la que se podrán adherir los municipios que lo deseen.