Economía

El FMI alaba a los inspectores y culpa al supervisor del deterioro bancario

La directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Foto: Archivo

"El proceso de supervisión del Banco de España es fuerte y está sustentado por la experiencia de su cuadro de inspectores". Esta afirmación no se realizó hace años, cuando la institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez gozaba de un innegable prestigio internacional, ni parte de algún informe, tan en boga, de alguna consultora internacional.

Es el Fondo Monetario Internacional (FMI) el que se deshace en elogios hacia el cuadro técnico encargado de realizar las inspecciones a las entidades y lo hace en uno de los borradores de su informe sobre el sistema financiero español, cuyas conclusiones se darán a conocer a mediados de junio.

El FMI, además, afirma que tras examinar algunos ejemplos de actividades de inspección y los informes, estos "revelan la minuciosidad del proceso y la identificación de los riesgos fundamentales", así como su comunicación a la dirección del Banco de España.

A pesar de este trabajo impecable, el organismo multinacional enumera una serie de deficiencias según se avanza en el proceso que agrava la situación de deterioro del sistema. Así, afirma que, sin embargo, el proceso en el que se requieren medidas correctoras es pesado y no se aplican oportunamente.

La crítica hacia la cúpula del Banco de España no acaba aquí, ya que el FMI afirma que el supervisor "había identificado en fase muy temprana las necesidades de provisiones" y las medidas correctoras recomendadas. Sin embargo, las decisiones formales se demoran y en su ejecución no sólo no se emplean todas las herramientas disponibles, sino que se centran en una respuesta "sistémica", es decir, café para todas las entidades, estuvieran bien o estuvieran mal.

El FMI afirma que esto dio lugar a la acumulación de problemas y pérdidas en bancos y cajas, que siguieron operando sin mayores restricciones.

Las entidades débiles fueron identificadas, prosigue el FMI en su descripción de lo que ha pasado en el sistema financiero español, y se inició una reestructuración general, en vez de tratar con las entidades de forma individual.

El deterioro de la economía resultó mayor del que se había previsto, y con él en las finanzas y en el sector inmobiliario. El Banco de España, prosigue, puso en marcha un proceso de fusiones y no tomó la decisión de "cerrar bancos", buscando una solución de mercado que tuviera un coste menor.

La idea que más se repite en las conclusiones preliminares es que el Banco de España actuó con lentitud, sobre todo en el caso de las cajas de ahorros y que además, el proceso de implementación de las medidas fue demasiado largo.

El FMI considera que la crisis tuvo un impacto mayor en las cajas de ahorros que en los bancos, por su mayor exposición al sector inmobiliario y constructor y, también, por un menor calidad de su control del riesgo.

El organismo multinacional asegura que el sistema regulatorio de supervisión sobre la concentración de riesgos no fue suficiente "para atajar el significativo aumento de debilidades", algunas de las cuales se derivaron de la peculiar estructura de gobierno corporativo de las cajas. Además, prosigue, este asunto se vio agravado por la división de las responsabilidades de supervisión con las comunidades autónomas.

También afirma que el Banco de España necesita prestar una especial atención a que las deficiencias en las estructuras existentes en las cajas no contaminen la organización de los bancos en los que se han convertido.

Una reestructuración lenta

El Banco de España, por su parte, reconoce que el proceso de reestructuración fue lento, pero que esto se debió a varios factores. Primero, porque las autoridades españolas decidieron que los fondos públicos para ayudar a la banca fueran limitados. En segundo lugar, porque optar por una solución privado era difícil y lenta en tiempos de crisis, ya que los grupos internacionales más grandes no estaban en disposición de hacer adquisiciones, por lo que se optó no por una solución totalmente privada, pero sí "nacional".

También atribuye la lentitud a que las CCAA tenían competencia para aprobar las fusiones de cajas, lo que ralentizó todo el proceso.

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