El Gobierno gastará este año 137,5 millones de euros en publicidad institucional y comercial, un 38,2% menos que los 222,4 millones de euros que se gastó en 2011, según el Plan de Comunicación y Publicidad Institucional 2012 aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.
Una de las campañas institucionales más caras, con un presupuesto de 4 millones, es la destinada a explicar diversos aspectos de la reforma laboral. Así fue la rueda de prensa posterior al Consejo.
"Es un plan que asume los principios austeridad y racionalización, pero también de transparencia, porque el plan se colgará en la web de Moncloa", indicó la vicepresidenta Soraya Sánez de Santamaría.
Concretamente, el Ejecutivo gastará en comunicación institucional un total de 35,3 millones de euros, lo que supone un recorte de 45 millones frente a los 80,4 millones de euros que el Gobierno se gastó en este tipo de publicidad en 2011. Mientras, destinará a publicidad comercial un total de 102,2 millones de euros, 39,8 millones menos que los 142 millones de euros que se gastó en 2011.
Un 66% de la inversión institucional se destina a campañas de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía, al cuidado del entorno (seguridad vial, ahorro energético, medio ambiente, salud y hábitos de vida, prevención en el consumo de medicamentos y alimentación) y a la promoción de derechos de los ciudadanos (sensibilización contra la violencia de género, oferta educativa y cultural, fiscalidad, etcétera).
No todas las campañas son igual de caras. Tres campañas institucionales superan o igualan los cuatro millones de euros y representan el 53,8% de la inversión total: la de Seguridad Vial, de la Dirección General de Tráfico (DGT); la de Proximidad de las Fuerzas Armadas y apoyo al reclutamiento, del Ministerio de Defensa y la relacionada con Diversos aspectos de la Reforma Laboral, del Servicio de Empleo Estatal.
Concretamente, la campaña del Servicio de Empleo Estatal tendrá un coste previsto de 4 millones de euros; la de la DGT, de 10,23 millones de euros; y la de Defensa, de 4,8 millones de euros.
En total, el Gobierno tiene previsto poner en marcha 61 campañas de comunicación institucional, 47 menos que el año pasado. De ese total de campañas, 40 corresponden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Reordenación de las cuencas
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".
Según ha informado la vicepresidenta es el Estado "para evitar duplicidades y solapamientos", el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador.
En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas.
A raíz de esta sentencia, ha dicho que el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades autónomas asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomuntiarias, lo que significaba que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio.
Paro: un acicate para más reformas
La vicepresidenta, asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo "no se conforma, en absoluto" con que haya descendido el paro en abril tras ocho meses de subidas y con el hecho de que se haya incrementado la afiliación a la Seguridad Social.
"(Los datos) No nos llevan a la relajación y la complacencia. Todo lo contrario. El contexto es difícil y complicado y hay que seguir trabajando", ha señalado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Sáenz de Santamaría ha indicado al respecto que el Gobierno acoge los datos de desempleo de abril "como lo que son: un acicate y un impulso" para acometer nuevas reformas que ayuden a superar la recesión económica y del empleo.
Pese a la "mínima creación de empleo" observada en abril, Sáenz de Santamaría ha insistido en el que Gobierno "no se conforma" y que trabajará "muchísimo más" para lograr una senda sostenida de creación de empleo.
Se felicita por la reunión del BCE
También Sáenz de Santamaría ha subrayado que la cita del BCE, calificada "de riesgo", haya terminado sin incidentes, gracias al trabajo de los 3.500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados en el dispositivo, en coordinación policial e institucional con la Generalitat de Cataluña.
"Ha permitido transmitir una imagen fuera de nuestras fronteras de un país que sabe organizar eventos de esta naturaleza y a garantizar la seguridad", ha destacado.
La vicepresidenta ha extendido sus agradecimientos a los ciudadanos de Barcelona que han asumido los "inconvenientes" ocasionados por el dispositivo policial y la suspensión temporal del Tratado de Schengen en los pasos fronterizos con Francia.
Bolivia y REE
Respecto a la situación de REE en Bolivia, la vicepresidenta ha señalado que el Gobierno "estará muy vigilante" para conseguir que el Ejecutivo boliviano "pague los costes y un precio adecuado" por la sociedad Transportadora de Electricidad (TDE), expropiada este martes a Red Eléctrica de España (REE).
Sáenz de Santamaría expresó el "apoyo" del Gobierno a la reivindicación de REE de una "contraprestación adecuada y justa", y advirtió a Bolivia de que "algunas decisiones que pueden ser populistas acaban siendo impopulares porque cuestan mucho en términos de bienestar de los ciudadanos".
"El Gobierno reprueba la nacionalización por parte del Gobierno boliviano de la filial de REE", afirmó Sáenz de Santamaría, antes de advertir de que "este tipo de decisiones se vuelven en contra de los gobiernos que las adoptan".
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