Fabra presenta hoy un nuevo plan de ahorro, mientras que Mas anunció el jueves otro recorte de 1.500 millones
La sombra de la intervención planea sobre las comunidades autónomas que no cumplan el déficit previsto por el Gobierno para este año. El ministro Montoro podría haberlo dicho más alto, pero no más claro: los indisciplinados tendrán castigo, y no habrá que esperar demasiado para verlo. A mediados de mayo se ejecutaría el desembarco de los funcionarios de Hacienda en las consejerías de Economía de las autonomías incapaces de cuadrar sus cuentas.
Fuentes políticas aseguran que el Ministerio ha rechazado hasta ahora el 90 por ciento de los planes regionales de estabilidad que le han sido presentados, aunque eso no quiera decir que se esté preparando una intervención masiva. La espada de Damocles, en realidad, pesa en concreto de forma real sobre dos comunidades: Cataluña y Valencia. Ambas huyen de esta circunstancia como de la peste; de ahí que hayan dado un acelerón a sus ajustes, para evitar la deshonra de que el Gobierno de Madrid les tenga que hacer las cuentas.
La Generalitat catalana lleva días trabajando en un nuevo ajuste de 1.500 millones de euros para compensar las transferencias que no recibirá de los Presupuestos Generales del Estado. El objetivo es cumplir con el 1,5 por ciento de déficit exigido por el Gobierno y evitar así cualquier posibilidad de intervención por parte del Gobierno central. El ajuste afectará tanto a los ingresos como a los gastos.
Una de las posibilidades que baraja la Generalitat es recuperar el impuesto de Sucesiones, cuya eliminación fue la promesa electoral estrella de CiU en las elecciones autonómicas. La recaudación por este impuesto en 2010, último en el que estuvo vigente durante todo el año, ascendió a 621 millones.
La consejera de Educación, Irene Rigau, anunció ayer que a partir del próximo curso las aulas de primaria pasarán de 25 a 30 alumnos y las de secundaria de 25 a 35. Esta medida supondrá, según la Administración, un recorte de 200 profesores, aunque los sindicatos elevan los despidos a 2.000. El ahorro se sumaría a los 625 millones de euros que la Generalitat ya ha incluido en los presupuestos como menor gasto de personal.
Según un portavoz de este departamento, "la Generalitat no tiene un día límite para presentar un plan de ajuste, sino que mantenemos una colaboración permanente con el ministerio para ajustar los presupuestos".
Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Císcar, afirmó ayer que "nunca va a haber un rescate de la Comunitat" por parte del Gobierno central porque "se han realizado una serie de medidas de austeridad, eficiencia y optimización del gasto" que "van por el buen camino". El Ejecutivo de Alberto Fabra aprobará hoy el segundo gran paquete de ajustes presupuestarios, tras el presentado el 5 de enero por un importe de 1.057 millones, entre aumento de ingresos y recorte de gastos. Fabra anunció en marzo que el ajuste adicional necesario sería de 400 o 500 millones para llegar a los 2.700 en que se estimó el exceso de déficit autonómico para cumplir con el límite del 1,5 por ciento.
Se da por seguro un aumento de tasas -entre ellas las universitarias- y un impuesto medioambiental para las empresas, anunciado en enero que no se ha puesto en marcha. Fabra ha admitido que estudia volver a cobrar el Impuesto sobre el Patrimonio, que se negó a aceptar cuando el Gobierno de Zapatero lo repuso, pero será seguramente a partir de 2013. El tramo autonómico del IRPF y el céntimo sanitario ya los subió en enero.
