ACS y Escal han doblegado al Ministerio de Industria y podrán seguir adelante con la puesta en operación del almacén de gas Castor con menos retrasos de los que podían esperarse en un primer momento.
El ministro José Manuel Soria anunció el 3 de abril en Valencia su decisión de "frenar" la puesta en operación de esta infraestructura para no incrementar la tarifa del gas, pero los promotores insistieron en que no tenían ninguna comunicación oficial del Gobierno y desde entonces han logrado convencerles de la necesidad de su rápida puesta en operación.
Los promotores han intentado dar la impresión desde principios de abril de que el proceso de pruebas de la planta seguía la senda prevista, pero el anuncio de Soria provocó el miedo de ACS y Escal a un retraso sine díe en la subasta del gas colchón.
Los promotores de Castor (cuyo coste previsto era de 500 millones y acabó elevándose a 1.300 millones) solicitaron y mantuvieron junto con representantes del Ayuntamiento de Vinaroz un encuentro con el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, para pedirle explicaciones por este anuncio de Soria. Tras la reunión, ninguna de las partes había explicado el contenido hasta que el alcalde del Partido Popular en Vinaros, Juan Bautista, se lanzó a corregir públicamente las declaraciones del ministro y calificarlas de "un error".
Juan aseguraba al diario Mediterráneo que "es posible que la paralización afecte a otras instalaciones que tenían previsto incorporarse próximamente a la red gasística, pero pensamos que sería incongruente que un proyecto como el Castor, prácticamente finalizado, no entre en funcionamiento después de haber requerido una gran inversión".
Para el municipio, frenar Castor hubiera representado "un grave perjuicio económico" y un problema presupuestario, ya que se ingresarán 900.000 euros al año cuando entre definitivamente en funcionamiento, pero el alcalde olvidaba que frenar no significar cerrar, sino que lo que propugnaba el Gobierno era retrasar la puesta en funcionamiento hasta que se tuvieran los datos de la auditoría, algo que no está todavía descartado.
Con este escenario, ACS y Escal mantienen su previsión de iniciar la inyección del gas el 25 de mayo y ahora ya podrán respirar tranquilos porque cuentan con la convocatoria por parte de Omel de la subasta de gas colchón, autorizada por el secretario de estado de Energía, Fernando Martí.
ACS y Escal podían, al amparo de una resolución aprobada el año pasado, utilizar el llamado gas de prueba para realizar las operaciones técnicas necesarias para esta instalación, pero ese hecho no suponía su puesta en funcionamiento. Para este punto es necesario que se haya cerrado la subasta para adjudicar el llamado gas colchón, que ahora se pone en marcha.
En esta subasta se incluye el gas que será necesario para rellenar tanto el almacén operado por ACS y Escal como el de Yela, propiedad de Enagás y que con prácticamente la misma capacidad apenas ha tenido un coste de 200 millones de euros.
Recorte de retribución
De lo que no se librará esta instalación es del recorte a la retribución, ya que el Real Decreto Ley aprobado el 31 de marzo le imponía una auditoría de costes y un recorte de sus ingresos a recibir por su puesta en operación.
El Gobierno está habilitando mecanismos para realizar esta auditoría con el fin de validar los costes en los que ha incurrido Castor.
Industria encargará a una empresa especializada -a costa de ACS y Escal- dicha auditoría en un intento de tener un mayor control sobre estas instalaciones tras darse cuenta de que la CNE -en la etapa de Maite Costa- no se enteró de la situación y se limitó a tomar nota de los costes sin hacer un verdadero análisis de los mismos.
La Comisión Nacional de Energía ha criticado con dureza los gastos en los que se ha incurrido en Castor. El regulador asegura que en la supervisión que ha realizado ha encontrado partidas adjudicadas a dedo que pueden haber supuesto costes adicionales para la factura total del gas. Concretamente, critica que haya partidas de inversión que no hayan tenido que pasar por ningún proceso de concurrencia.
ACS, que atraviesa una auténtica tormenta financiera, se beneficiaría también de los ingresos que le puedan suponer la puesta en funcionamiento.
ACS y Escal presionan a Industria 
