La polémica amnistía fiscal contemplada en los Presupuestos es una medida excepcional que no gusta a nadie y que, sin embargo, se antoja básica para tratar de cumplir con el objetivo del 5,3% de déficit sin tener que, de momento, tocar el IVA, que era la opción preferida por Bruselas.
Aunque al Gobierno le hayan llovido las críticas por plantear la tercera amnistía fiscal de la democracia, las otras dos se promulgaron en 1984 y 1991 bajo gobiernos socialistas, lo cierto es que la medida es la de menor coste político -y quizá popular- que podía adoptar Mariano Rajoy y también puede que la mejor para la maltrecha economía española, dado que no penaliza el consumo, cosa que sí haría la única alternativa posible a este perdón, subir el IVA.
Aún así, la polémica está servida. Mientras la Federación Española de Asociaciones Profesional de técnicos Tributarios y Asesores Fiscales dicen que es una "medida valiente", tal y como recoge ABC en un artículo, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado cree que es "inconstitucional". Al mismo tiempo, al PP también se le ha echado en cara que en 2010 criticara con firmeza el estudio de esta misma medida por parte del Ejecutivo socialista, que finalmente no la aplicó.
En cualquier caso, el objetivo es legítimo: recaudar 3.250 millones de euros que contribuyan a cumplir con el objetivo del déficit pactado con Bruselas, el 5,3% en 2012.
Por otra parte, los casos de amnistía fiscal son frecuentes en Europa. Desde el año 2000 se han sucedido varias en países como Portugal, Italia, Grecia, Bélgica, Reino Unido o Alemania.
La OCDE insiste en que toda amnistía fiscal ha de venir acompañada por un "fuerte endurecimiento de las sanciones" a los defraudadores y de una garantía de que no se va a volver a repetir, de que se trata de una "medida excepcional". España es el país de la OCDE con mayores sanciones monetarias al fraude fiscal, con multas de hasta el 600% de los impuestos evadidos, según ABC.
Las crisis está haciendo que los distintos países refuercen sus respectivas luchas contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Es una tendencia en todo el mundo, en busca de incrementear los ingresos de los Estados. Paradigmático es el caso de Suiza, que forzado por países como Alemania ha accedido a poner fin al secreto bancario sobre los titulares de las cuentas que albergan sus bancos en 2014. Antes, en 2013, entrarán en vigor los acuerdos firmados con Berlín y Londres mediante los que Alemania y Reino Unido podrán recuperar miles de millones evadidos por sus nacionales y depositados en entidades helvéticas.
