Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que ha presentado hoy el Consejo de Ministros. Las seis claves de la Ley de Transparencia de Rajoy.
La norma obligará a políticos y gestores públicos a informar del uso que hacen del dinero de los contribuyentes, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos cansados del despilfarro y corrupción de los políticos que se amparaba en la tradicional opacidad de la administración.
Sáenz de Santamaría ha explicado que se considerarán conductas muy graves por parte de estos gestores "la autorización de compromiso de gastos sin fondos, el incumplimiento deliberado de reducir la deuda pública o no formular los planes de ajuste", así como el gasto injustificado y descontrolado. Las infracciones más graves podrán llevar a la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y 10 años.
En el caso de "verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable, la conducta será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con la inhabilitación por diez años y la correspondiente multa", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Aunque no se prevé pena de prisión para este nuevo delito, la vicepresidenta ha recordado que se establece una pena de multa y que ésta, "si no se cumple, se sustituye por la pena de prisión".
Los ciudadanos podrán denunciar
Este borrador de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno estará disponible a partir del lunes en la web de La Moncloa para iniciar por primera vez en la democracia un "trámite de audiencia pública". Durante 15 días, los ciudadanos podrán leer el texto elaborado por el Gobierno y aportar sus ideas para mejorarlo.
Además, se permitirá a los ciudadanos consultar en una página web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos.
Cualquier ciudadano podrá denunciar una mala gestión pública para que sea convenientemente analizada e investigada. La responsabilidad de las actuaciones y sanciones recaerá sobre una "instancia independiente" como la Agencia de Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas, que pasará a llamarse "Agencia de Transparencia".
Los Presupuestos fijarán los sueldos de gestores locales
El anteproyecto de ley fija un "primer paso" hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, concejales y alcaldes, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Para fijar estos baremos, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño de la misma y sus circunstancias económicas o administrativas.
El vídeo de la reforma laboral costó 4.200 euros
Durante su comparecencia, Sáenz de Santamaría ha explicado también que el polémico video del Ministerio de Empleo y Seguridad Social explicando la reforma laboral aprobada por el Gobierno ha tenido un coste de 4.200 euros más IVA.
Empleo presentó el miércoles un vídeo, que la Junta Electoral ha ordenado retirar, en el que defiende que la reforma laboral da una "mayor protección a los trabajadores y a los que buscan un empleo".
El vídeo, con una duración de casi cuatro minutos, recoge lo que a juicio del Ministerio son los aspectos más importantes de la reforma y concluye que las medidas aprobadas por el Ejecutivo producirán "más empleo estable, más derechos, más flexibilidad interna en la empresa, más oportunidades y más protección para los trabajadores y para los que buscan un empleo".
Romay Beccaria, nuevo presidente del Consejo de Estado
El Consejo de Ministros también ha acordado el nombramiento de José Manuel Romay Beccaria presidente del Consejo de Estado. El exministro con José María Aznar es tesorero del PP y senador.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado también el nombramiento como consejeros electivos a Juan José Laborda, a José María Michavila, a Ana Palacio y a Isabel Tocino.