MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha mostrado este jueves su rechazo al copago sanitario mediante el cobro de un euro por receta y a la bajada de sueldo a los empleados públicos aprobados en Cataluña.
Así lo ha asegurado el presidente del CSI-F, Miguel Borra, en el Congreso de los Diputados tras mantener un encuentro precisamente con el portavoz de CiU en la Comisión de Trabajo, Carles Campuzano, dentro de la ronda de contactos que el sindicato ha abierto con los grupos parlamentarios para plantear sus demandas ante la reforma laboral que se va a tramitar en las Cortes. Al encuentro ha acudido también el secretario de Organización y Formación del CSI-F, Antonio Díaz García.
Según Borra, el déficit público que "asola" España no es consecuencia ni de los servicios ni de los empleados públicos, "sino por otra serie de gastos" en los que se ha incurrido. Por eso ha criticado que para salir de la crisis se esté optando por "recortes y fórmulas de copago sanitario" y que de nuevo se haga recaer el máximo fuerzo "en los empleados públicos" y "los más desfavorecidos".
NO A LOS ERES EN LOS SERVICIOS PUBLICOS.
Respecto al nuevo recorte salarial aprobado para los empleados públicos catalanes, Borra ha recalcado que "ahonda a mayores sobre el producido a nivel nacional", recordando que el conjunto de los empleados públicos han perdido un promedio del 20 por ciento de capacidad adquisitiva. "Hablamos de personas, como personal administrativo, cuyo sueldo les llega muy justito para llegar a fin de mes", ha destacado.
Tal y como ya hicieron la semana pasada con el PP, el PSOE e IU, los representantes del CSI-F han traslado este jueves a CiU su petición de que la reforma laboral no afecte al personal que obtuvo su plaza mediante proceso selectivo y de que se prohíban los EREs en los servicios públicos. También han expresado su preocupación por la repercusión que todo esto tendrá en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
Para Borra, "no es justo, razonable, ni necesario que personas que han superado su proceso selectivo y tienen su plaza obtenida en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad se puedan ver afectados por el despido".
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