A poco más de dos semanas para presentar los Presupuestos más complicados de cuadrar que se recuerdan, el Gobierno tiene encima de la mesa muchas opciones con el objetivo final de reducir el déficit público en 35.000 millones de euros, hasta el 5,3% del PIB, según comprometió el lunes por la noche con Bruselas.
En este sentido, y antes del ajuste adicional del 0,5% del PIB, el Gobierno se planteaba ya reducir los anticipos a cuenta que el Estado realiza anualmente a los ayuntamientos e incluso a las autonomías en función de la recaudación prevista y que luego ajusta una vez liquidada la cifra de recaudación final.
Hacienda planteó esta opción en la reunión con los representantes locales, la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que se celebró el pasado 7 de marzo, según fuentes cercanas a la reunión. El planteamiento pasaría porque el Estado rebajara el porcentaje, del entorno del 98 por ciento, de los anticipos que realiza anualmente a las Administraciones regionales y locales, de manera que el Estado podría engrosar el capítulo de ingresos no financieros. Estos anticipos rondan los 95.000 millones de euros anuales, 80.000 millones dirigidos a las autonomías y cerca de 15.000 millones, a los ayuntamientos.
El debate sobre las cifras para reducir los anticipos era entonces muy prematuro. Sin embargo, se llegó a plantear, según las mismas fuentes, rebajar ese 98% de los ingresos al entorno del 90%, lo que en el caso de los ayuntamientos rondaría los 1.000 millones de euros, pero que de trasladarse a las comunidades autónomas elevaría la cifra hasta los 5.000 millones.
Ante la negativa de los asistentes a la citada Comisión Nacional de la Administración local para llevar a la práctica este procedimiento, Hacienda llegó a plantear incluso una compensación este año a partir de una posible subida de los Impuestos Especiales.
Plan de proveedores
Igualmente, el Gobierno argumentó y argumenta que el Ejecutivo ha puesto en marcha varias líneas de actuación para salvar de la asfixia a los ayuntamientos y las autonomías. La principal es el plan de pago a proveedores que destinará 35.000 millones para que ayuntamientos y autonomías salden sus cuentas con muchas pequeñas empresas en dificultades. "Es una operación gigantesca", aseguró ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el pleno en el Congreso de los Diputados.
Precisamente, los ayuntamientos tienen de plazo hasta hoy para informar a Hacienda de sus facturas pendientes con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011. Además del listado de facturas, los consistorios deberán remitir a Hacienda antes del 31 de marzo un plan de viabilidad que les permita hacer frente en el futuro al pago de las deudas "para que no se repita esta situación".
El Pleno del Congreso vota hoy el cambio legal para permitir que el Estado avale a autonomías y haciendas locales en la asunción de créditos bancarios para ponerse al día con los proveedores afectados por la morosidad pública. El Partido Popular ha enmendado el texto del Gobierno para que el procedimiento no se limite a facturas de obras, servicios y suministros.
El Estado, avalista
Fuentes de Hacienda insisten en que, en la reunión de la CNAL, el Gobierno advirtió a las autonomías de que si los entes locales no pagaban a los bancos el dinero que van a adelantar a los proveedores, el Estado, en su condición de avalista, se cobraría esa deuda a partir de los anticipos.
Además, el Gobierno ha puesto en marcha otras dos medidas para favorecer la financiación regional y local. Por un lado, se ha adelantado el plazo de las entregas a cuenta y los ayuntamientos recibirán del Gobierno en breve 1.000 millones correspondientes al 50% de las liquidaciones positivas de las entregas a cuenta correspondientes a 2010. Por otro, tal y como recordó Rajoy, el Ejecutivo ha duplicado el plazo que las comunidades autonómas tienen para devolver los anticipos a cuenta relativos a 2008 y 2009 de cinco a diez años, en 120 mensualidades.
¿Redefinir el modelo autonómico?
