La crisis económica galopante y el déficit desbocado han puesto en el punto de mira a las comunidades autónomas, a las que se achaca una parte importante de la desviación registrada el año pasado por las cuentas públicas españolas. La época en la que se ataban los perros con longanizas ha terminado y los expertos consideran que los nuevos tiempos de escasez requerirán una redefinición del modelo autonómica, para embridar el gasto y evitar duplicidades sangrantes.
Rajoy estableció un tope de déficit a las comunidades autónomas del 1,5% en 2012 antes de conocer las nuevas exigencias de Bruselas. Sin embargo, Nuria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universitat de Barcelona-IEB, se muestra prudente a la hora de cuestionar el Estado de las Autonomías. En su opinión, no se debería limitar más el déficit autonómico, sino que "lo debe asumir el Estado". Una postura que defiende porque las comunidades autónomas negocian el 36% del gasto y sus competencias afectan al bienestar de los ciudadanos.
Devolver competencias
El profesor del IESE José Ramón Pin explica que "hay que ir pensando en cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el corto plazo, y en el medio y largo plazo en reordenar las competencias". Así, aboga por un Estado de las Autonomías "asimétrico y dinámico" en el que algunas CCAA devuelvan competencias, ya que hay casos en el que las competencias adquiridas son impropias.
En cuanto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el investigador de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz explica que hasta ahora las autonomías "no se han visto sujetas a una restricción de ingresos tan dramática como la Administración Central y, por lo tanto, es posible que aún tengan margen para ajustar el deficit". No obstante, lanza un mensaje de tranquilidad porque "la mayoría de las CCAA son del mismo signo político", lo que facilita la consecución de objetivos.
Acabar con las diputaciones
La portavoz de UPD, Rosa Díez, presentará mañana en el Congreso de los Diputados la propuesta de su partido de suprimir diputaciones, fusionar ayuntamientos de pequeños municipios y acabar con la fiscalidad vasca y navarra, para ahorrar 35.000 millones de euros. Y la de Díez no es la única voz que pide una redefinición del Estado de las Autonomías.
Sin ir más lejos, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha confesado que "no hay dinero para tener 17 administraciones" regionales y ha abogado por devolver las competencias de Justicia. "Cuando llegué a la Presidencia, nos dijeron que costaba 50 millones y ahora gastamos 350 millones. ¿Ha mejorado la Justicia? Pues no", ha confesado Aguirre.
Otro presidente autonómico, el cántabro Ignacio Diego, está convencido de que habría que "reformular" el Estado de las Autonomías, porque "se han dado muchas transferencias" que "no son sostenibles". Como ejemplo, la Sanidad, donde Cantabria arrastra una deuda farmacéutica de 260 millones. También en este campo, los economistas tienen sus propias recetas. Todos, prácticamente sin excepción, exigen acabar con la maraña de empresas públicas, entes y fundaciones, a cada cual más peregrina, usadas a menudo como sumideros de deuda y como retiro dorado de elefantes de la política.
De hecho, hay economistas, como el profesor de la Complutense Fernando Méndez Ibisate, que prohibirían por ley "a las autonomías y ayuntamientos la creación de empresas, entes o fundaciones a cargo del erario público".
Las CCAA, sumidero de deuda
Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket, va más allá, al defender el cierre de "todo el sector público empresarial y privatizar lo que se pueda". Sus razones: hay 27.000 millones de deuda oculta en los entes públicos, con las empresas de la Administración periférica sumando un agujero extra del 2,5% del PIB.
Para Jordi Fabregat, director del Máster de Finanzas de Esade, la eliminación de duplicidades es otra piedra de toque. Sobre la controvertida supresión de diputaciones, cree que supondría "un ahorro evidente, pero se trata de una cuestión que choca con la sensibilidad política, sobre todo en sitios como Cataluña, País Vasco o Andalucía".
Y eso que, según cálculos oficiosos, sólo con la eliminación de las diputaciones se ahorrarían unos 20.000 millones de euros. En este sentido, Nuria Bosch puntualiza que "si hay duplicidades, se tendrán que revisar, pero eso no invalida la descentralización".
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