El Gobierno está dispuesto a dialogar y aceptar modificaciones en la reforma laboral, aunque no parece que sean las que propongan los sindicatos. De hecho, negocia con CiU cambiar las condiciones del Contrato Indefinido de Apoyo a Emprendedores. Niño Becerra: "La reforma laboral tiene la culpa de la demonización de quien tiene trabajo"
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, no cesa de repetir que el Gobierno está abierto al diálogo y a "incorporar aportaciones de todos", aunque para eso se ha buscado ya un socio preferente, los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió, con quienes negocia un acuerdo para flexibilizar las condiciones del Contrato Indefinido de Apoyo a los Emprendedores, introduciendo una indemnización mínima para los trabajadores que al cabo de un año no superen el periodo de prueba.
Evitar abusos
Miembros del grupo parlamentario catalán en el Congreso confirmaban que ésta será una de las propuestas que presentarán vía enmiendas al Real Decreto de la reforma laboral para evitar el abuso a que pudiera dar lugar la fijación de un periodo de prueba de un año para las nuevas contrataciones en empresas de menos de cincuenta trabajadores.
Esta indemnización, similar a la que se establece para los contratos temporales, se establecería en torno a seis o siete días, y con ella se disiparán también algunas de las dudas sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma.
El otro punto de posible inconstitucionalidad, la obligatoriedad del arbitraje, se solventaría también mediante otra propuesta de Convergencia i Unió, por la que se generalizaría la figura de un árbitro en la negociación de todos los convenios colectivos, como ya existe en los grandes convenios.
Además, y para reducir al máximo la judicialización de las relaciones laborales, los parlamentarios del grupo catalán presentarán también enmiendas encaminadas a clarificar, aún más, las condiciones del despido objetivo.
CiU ya votó a favor de la convalidación del Real Decreto de la Reforma Laboral en el Congreso, el pasado jueves, después de que el portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, y la ministra de Empleo llegaran a un acuerdo para que el dinero de las políticas activas de empleo sea administrado libremente por las comunidades autónomas, sin tener que estar condicionadas por la regulación estatal.
Empleo juvenil
Por otra parte, en fuentes parlamentarias confirmaban también que el Ejecutivo quiere acompañar la reforma laboral de un Plan de Empleo Juvenil que estaría en vigor antes del verano.
Se trataría de elaborar un plan de fomento del empleo entre los jóvenes para aprovechar el proyecto de la Comisión Europea (CE) de reprogramar fondos comunitarios y destinarlos a generar empleo para los jóvenes en los ocho países miembros con una tasa de paro juvenil superior al 30%: España, Grecia, Portugal, Eslovaquia, Italia, Irlanda, Lituania y Letonia.
De acuerdo con los informes de la CE, España podría disponer de un 31 por ciento de los fondos europeos que le corresponden para el periodo 2007-2013 y que tiene todavía sin asignar. Es decir, unos 10.700 millones de euros del total de 34.658 millones presupuestados dentro del Fondo Social Europeo (FSE) y de los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER) y de los Fondos de Cohesión.
El equipo de expertos de la CE destinado a colaborar con las autoridades españolas en la elaboración de este plan viajó a Madrid el pasado día 22 de febrero, y el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ya ha confirmado la voluntad del Gobierno español de adherirse al proyecto.
En una reciente conferencia sobre la Estrategia Europa 2020, Barroso informó que "un informe de España que acabo de leer es bastante positivo en términos de su voluntad de trabajar con la CE para reprogramar fondos que están ahí pero que no se han comprometido para el empleo juvenil".
El Gobierno y CiU negocian un plan de empleo
