MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El presidente de Ausbanc Consumo, Luis Pineda, denunció hoy que el Gobierno socialista utilizó las subvenciones a las asociaciones de consumidores pertenecientes al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) con la finalidad de "aglutinar a los perjudicados alrededor de estas asociaciones y evitar que presentaran sus reclamaciones a la responsabilidad patrimonial del Estado".
Pineda exigió la ejecución "inmediata" de la sentencia del Tribunal Supremo, conocida ayer, que anuló el Real Decreto 613/2006 que autorizaba una partida de 1,3 millones de euros de subvenciones para ocho asociaciones destinadas a la "defensa jurídica de los afectados" que el Alto Tribunal ha declarado "ilegales".
El presidente de Ausbanc, asociación que presentó el recurso contencioso-administrativo, pidió la dimisión de la directora general de Consumo, María Angeles Heras y de la presidenta del CCU, Francisca Sauquillo. Asimismo, solicitó la reprobación pública del ex subsecretario de Estado de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa y de la ex ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado.
"El Gobierno ha quedado desacreditado en su política de consumo por esta sentencia del Supremo, que no sólo desautoriza las subvenciones de las asociaciones afines, sino que las pone en grave riesgo de supervivencia", afirmó Pineda.
En caso de que prospere la reclamación patrimonial del Estado, los afectados representados por las asociaciones del CCU "no podrán recuperar el dinero invertido", alertó Pineda, quien también destacó la posibilidad de que la sentencia provoque la "quiebra económica" de las asociaciones afectadas.
"Si se dan subvenciones de forma ilegal se corrompe a las asociaciones", matizó. Ausbanc mantiene que el Gobierno socialista "animó" al Ministerio Fiscal para que "asaltara, ocupara y liquidara" las empresas filatélicas provocando la "mayor crisis de consumo de la historia de España".
La sentencia del Supremo, contra la que no cabe recurso alguno, anuló la partida de subvenciones correspondiente al segundo y último plazo de asignaciones concedidas a las asociaciones del CCU, por un importe total de 2 millones de euros y aprobadas por el trámite de urgencia el 18 de mayo de 2006, dos días después de la intervención judicial.
Los 2 millones de euros estaban repartidos en una primera partida de 700.000 euros destinados al asesoramiento, la gestión documental y la atención telefónica; y la segunda partida de 1,3 millones estaba destinada a la representación y defensa judicial de los afectados.
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