
La Comisión Europea se siente despreciada y se plantea abrir fuego con su poder sancionador. La falta de diplomacia provoca que un problema menor dañe la imagen de España en el mercado.
La historia se repite: nuevo Gobierno en España, nuevo desembarco en Europa como un elefante en una cacharrería. José María Aznar bloqueó una cumbre en Berlín mientras hacía ostentación de fumarse un puro hasta exprimir las ayudas de la UE, y se ganó el rencor perenne de su homólogo alemán Gerhard Schroeder. José Luis Rodríguez Zapatero prometió a Angela Merkel un final feliz en la batalla por Endesa, y al final la entregó a los italianos de Enel mientras que la alemana E.ON se tuvo que conformar con los despojos.
Mariano Rajoy también incurrió ayer en la táctica de tierra quemada, y dejó Bruselas sembrada de enemigos. Diversas fuentes comunitarias aseguraban ayer que sus socios de la UE se enteraron con estupor de que Rajoy anunció, en una rueda de prensa al término de la cumbre europea de este jueves y viernes, que los presupuestos españoles contemplaban cerrar 2012 con un déficit público equivalente al 5,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), en lugar del 4,4 por ciento que prometió el Gobierno Zapatero bajo las exigencias del resto del Viejo Continente. Para más inri, el presidente español alardeó de no haber comunicado la cifra a sus socios durante la cumbre por ser una decisión soberana.
Esa misma mañana, acababa sin embargo de firmar un pacto que, como el grueso de las negociaciones desde que se desencadenara la crisis de la zona euro, supone una cesión de soberanía en materia presupuestaria. En los pasillos comunitarios se aseguraba que el desplante de Rajoy era un desprecio y una provocación innecesarios. Que con un poco más de mano izquierda, en mayo o en junio hubiera logrado la bendición de sus socios porque mantenía la parte más importante del compromiso: cerrar 2013 con un déficit del 3 por ciento.
Ahora bien, como advirtió públicamente el conservador belga Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, el Gobierno Rajoy corre el riesgo de subestimar la mala imagen internacional de su precipitación, y de que los beneficios para el crecimiento económico y el empleo de retrasar la contención del déficit se diluyan por una subida de los tipos de interés que los mercados demanden a la deuda pública española.
Si nadie enfría los ánimos, la Comisión Europea, que estrena nuevos poderes sancionadores para dar más credibilidad a las normas antidéficit de la UE, podría verse forzada a poner a España en su punto de mira. En las últimas semanas ha obligado a enmendar las cuentas al Gobierno belga que, como el español, hereda un desfase del Ejecutivo precedente. Y a Hungría la ha amenazado con sanciones multimillonarias. ¿Se jugará su prestigio dejando escapar de rositas a un país grande como España, tras ensañarse con dos pequeños?
En Bruselas preocupa la escasa información que el jueves dio el ministro de Economía, Luis de Guindos, a sus homólogos sobre las razones del desvío. Los eurócratas no compran que la culpa es del Ejecutivo socialista, porque las promesas de un Gobierno comprometen al Estado. Y les alarma que una flagrante falta de controles permitiera cerrar 2011 con un déficit del 8,5 por ciento en vez del 6 por ciento prometido.