MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes el protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988, cuyo objeto es promover la cooperación internacional y hacer más efectiva la lucha contra la evasión y el fraude tributario.
El Consejo de Ministros ya autorizó el pasado 1 de julio la remisión a las Cortes de este protocolo, pero su tramitación decayó por la disolución de las Cámaras.
El citado convenio, elaborado conjuntamente entre el Consejo de Europa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fue firmado por España el 12 de noviembre de 2009 y sus disposiciones entraron en vigor el 1 de diciembre de 2010.
Si bien la normativa de la UE contiene disposiciones semejantes y todos los convenios de doble imposición suscritos con España (salvo con Suiza) prevén el intercambio de información fiscal, este convenio es más amplio, ya que, por una parte, incluye un listado más extenso de impuestos y, por otra, es útil para ampliar el ámbito de intercambio de información a otros Estados de la OCDE o del Consejo de Europa que lo firmen en el futuro.
El protocolo es consecuencia de la crisis económica y de la acción del G-20, que han logrado la general aceptación de los estándares de transparencia e intercambio de información en materia tributaria promovidos por la OCDE. La plena aceptación internacional se alcanzó con ocasión de la reunión del G-20 de abril de 2009.
Actualmente son países integrantes del protocolo Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Georgia, Islandia, Italia, Moldavia, Noruega, Polonia, Reino Unido y Suecia. Ha sido firmado, sin haber sido aún ratificado, por Alemania, Bélgica, Corea, Estados Unidos, Irlanda, Méjico, Países Bajos, Portugal, Rusia, Turquía y Ucrania, además de España.
En el preámbulo del protocolo manifiestan su deseo de disponer de un instrumento multilateral para permitir al mayor número de Estados beneficiarse del citado nuevo marco y aplicar las normas internacionales de cooperación más elevadas en el ámbito fiscal.
En este protocolo se eliminan el secreto bancario y el interés nacional como causa de denegación de información fiscal, con lo que se levantan las restricciones para proporcionar información incluida en el marco del convenio base y se consigue una plena alineación con los estándares internacionales antes señalados.
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