BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)
La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) ha votado a favor del nuevo acuerdo agrícola con Marruecos, que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. Los agricultores españoles critican el acuerdo porque creen que Rabat no respeta las reglas de precios y contingentes del convenio en vigor y los eurodiputados españoles del PP y PSOE habían anunciado que votarían en contra.
El nuevo acuerdo fue negociado en 2010 entre Rabat y Bruselas y ha recibido el visto bueno de los Veintisiete, pero necesita la ratificación de la Eurocámara para su entrada en vigor. Tras el voto de este jueves, está previsto que el pleno se pronuncie definitivamente el próximo 15 de febrero.
Los eurodiputados han enmendado la recomendación redactada por el francés José Bové (Verdes) que pedía tumbar el acuerdo porque colocaría a los productores europeos "en una dura competencia difícil de mantener". Bové también criticaba la falta de una evaluación de impacto económico y medioambiental del nuevo convenio y la situación del Sáhara occidental, cuya población reclama ser excluida de los acuerdos con Marruecos.
Con los cambios introducidos por las enmiendas adoptadas en la comisión INTA, el proyecto de recomendación que llegará al pleno del Parlamento Europeo pedirá "conceder" el visto bueno definitivo al nuevo convenio comercial de productos agrícolas y pesqueros con Rabat.
El texto definitivo ha superado el voto en la comisión europarlamentaria con 23 apoyos, una abstención y cinco voces negativas, entre ellas las de los tres españoles con voto en esta sesión: Pedro Zalba (PP), Auxiliadora Correa (PP) y Emilio Menéndez del Valle (PSOE).
La ratificación de la Eurocámara es el último requisito para que entre en vigor el acuerdo que prevé la liberalización progresiva de casi todos los productos agroalimentarios, aunque también incluye un régimen arancelario por contingentes para alimentos "sensibles" como el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.
La entrada en el mercado comunitario de un mayor volumen de tomate marroquí con arancel reducido es una ventaja fuertemente criticada por los agricultores españoles, en especial desde Canarias, Andalucía y Murcia. Otras comunidades autónomas como la valenciana se han sumado a las críticas por temor a que perjudique a otras producciones como la naranja.
La opinión de la comisión de Comercio (ICOMERC.MC)Internacional es la competente en este dossier y será la que se traslade al pleno del Parlamento Europeo para su voto, pero anteriormente se han pronunciado otras dos comisiones sobre el acuerdo, una a favor, la de Pesca, y otra, la de Agricultura, en contra.
DAÑO PARA EL SECTOR ESPAÑOL
Desde el Gobierno español se ha criticado el nuevo acuerdo por ser "claramente desequilibrado" para los intereses de los agricultores y porque cree que no ofrece garantías suficientes para el cumplimiento de los precios y contingentes de entrada que se fijan, según el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que el lunes responsabilizó a los socialistas de no parar este acuerdo durante su Gobierno y de criticarlo ahora por intereses electorales en Andalucía.
Por su parte, los socialistas españoles en la Eurocámara han advertido de que votarán en contra de la ratificación del acuerdo cuando llegue al pleno, a no ser que "la Comisión Europea se pronuncie claramente sobre que (las reglas) se van a cumplir y evidencie que hay una voluntad de subsanar" la situación actual.
La eurodiputada socialista Pepa Andrés ha dicho en declaraciones a Europa Press que el voto negativo de los españoles es una "señal directa" a Bruselas para que atienda a las preocupaciones del sector y "reaccione" ante problemas básicos como los precios y contingentes de entrada, los controles fitosanitarios y el "resarcimiento" a los productores europeos.
Fuentes comunitarias consultadas han descartado que el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, plantee un cambio de posición en los próximos meses, tras recordar que en los últimos meses el comisario ha dicho que no hay pruebas que demuestren las irregularidades que denuncia España.
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