MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
UGT ha solicitado a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento en materia de Seguridad Social, para que "se despejen las dudas creadas por el propio Gobierno" en torno a la solvencia financiera del sistema.
El sindicato defiende que el sistema es "solvente, saneado y solidario" y que ha evitado la destrucción de más empleo a
través del aplazamiento en el pago de cuotas a la Seguridad Social por parte de las empresas con dificultades, iniciativa que fue acordada por los agentes sociales.
Según datos proporcionados del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS), hasta octubre de 2011 la Tesorería General de la Seguridad Social autorizó un total de 86.194 aplazamientos en el pago de cuotas, por un importe superior a los 1.500 millones de euros.
UGT estima que a finales de 2011 el número de aplazamientos
autorizados se aproximará a los 100.000, por valor de 2.000 millones de euros. "Se trata de una cantidad que, si se considera adecuadamente, no permite hablar de déficit del sistema de Seguridad Social, puesto que el ingreso de las cantidades aplazadas se pospone para años posteriores", apunta la organización sindical.
Teniendo en cuenta este importe, UGT señala que la Seguridad Social habría registrado en 2011 un superávit de 1.000 millones de euros, a los que habría que sumar otros 4.000 millones procedentes del pago de los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas, que debían haberse financiado vía Presupuestos Generales del Estado y no a través de cotizaciones sociales con cargo a la Seguridad Social, como así ha sucedido.
Además, según un estudio de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre una muestra de 5.211 empresas realizado en el primer semestre de 2011, el 72,1% de las empresas a las que se les concede un aplazamiento en el pago de cuotas mantiene o aumenta el número de trabajadores.
Asimismo, el sindicato recuerda que se ha garantizado la sostenibilidad de la Seguridad Social a medio y largo plazo gracias al acuerdo social que firmaron Gobierno y agentes sociales en febrero de 2011.
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