Los problemas de liquidez de las comunidades autónomas estuvieron ayer sobre la mesa en la reunión de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, con los consejeros de Economía y Hacienda de los gobiernos regionales del PP. El mensaje fue el equilibrio presupuestario a todo trance aunque habrá una oferta de contrapartida. Montoro garantiza el "pleno respeto" a la autonomía económica de las CCAA.
Esta consistirá en el respaldo del Estado a las emisiones de deuda de las comunidades autónomas que cumplan. Por el contrario, las que no cumplan el objetivo de déficit serán sancionadas.
Este respaldo no ha sido formulado definitivamente, pero, según ha sabido elEconomista de fuentes gubernamentales, se barajan inicialmente dos opciones, una de ellas, la que más probabilidades tiene de salir adelante, es que las comunidades autónomas que hayan reducido significativamente su déficit, siempre por debajo de los límites del Programa de Estabilidad y Crecimiento (que prevé para las comunidades autónomas en el presente ejercicio un déficit máximo del 1,3%) tendrán un instrumento que permitirá que sus emisiones se acojan al rating del Reino de España, con lo que la financiación les resultará más barata, al ser este rating más elevado.
El instrumento del que se valdría el Gobierno puede ser una declaración formal de que las emisiones cuentan con la garantía del Estado.
Las fórmulas
Precisamente ayer, en el debate de convalidación del Decreto de Medidas Urgentes, Cristóbal Montoro insistió en "la condición de Estado" de las comunidades autónomas, asumiendo responsabilidades, por un lado, en el control de las finanzas autonómicas y, por otro lado, en la solución de los problemas que les aquejan, entre ellos el de la falta de liquidez.
La otra fórmula de la que se ha hablado para paliar estos problemas de liquidez pasa por la utilización del ICO como emisor con garantía del Estado y distribuidor de recursos líquidos a las comunidades autónomas. Esta fórmula se acerca a la que propuso el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Mas Colell, es decir, a los llamados "hispabonos". Sea cual sea la fórmula que se adopte, la idea del Gobierno parte de que el respaldo a las comunidades autónomas es condicionado y no es gratuito.
"El que paga, manda", afirmaba contundentemente un alto cargo del Partido Popular a este diario. Y mandar debe entenderse como la exigencia del Gobierno de que las comunidades autónomas se fijen un techo de gasto y que éste sea prácticamente inviolable.
El Ejecutivo no va a condicionar los presupuestos, es decir, la estructura de los gastos y de los ingresos de cada una de las comunidades autónomas, que es una materia sobre la que tienen toda la responsabilidad, sino que vigilará que no se superen los techos de gasto y se acomoden a ellos los ingresos necesarios. Además, deberán hacer un ejercicio añadido de transparencia, facilitando una información de ejecución presupuestaria exhaustiva y con frecuencia, deseablemente mensual, como hace el Gobierno central.
Esta exigencia es congruente con el respaldo que se les ofrece, ya que sería absurdo que una comunidad recibiera esta asistencia del Estado y, sin embargo, diera pie a nuevas reducciones de las calificaciones crediticias por no aplicarlos.
Estabilidad presupuestaria
Este respaldo del Estado a las comunidades autónomas tiene como telón de fondo la última lectura al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno quiere aprobar inmediatamente y que desarrolla la reforma constitucional realizada al final de la pasada legislatura.
Montoro ha hablado ya con el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña para puntualizar los aspectos que Mariano Rajoy esbozó en el debate de investidura y que inmediatamente dispararon los recelos del Gobierno catalán. Ésta puede ser una de las claves del respado de CiU a la convalidación del Decreto de Medidas Urgentes, cuando antes votó en contra de la investidura.
En la Ley de Estabilidad, una de las novedades será el régimen sancionador para quienes superen el listón del déficit pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, a partir de 2020, el déficit estructural del 0,4%del PIB, que podría finalmente subir al 0,5%, que es la demanda del PSOE para mantener el consenso sobre la Ley.
¿Puede el Gobierno rescatar a las CCAA?
