Bilbao, 13 feb (EFECOM).- Una empresaria de Bilbao acusada de estafar a 14 inmigrantes, a quienes prometía un contrato laboral y el correspondiente permiso de trabajo a cambio de 1.200 euros, se ha declarado culpable y deberá devolver a sus víctimas un total de 7.550 euros o bien cumplir una pena de 18 meses de prisión.
Esta mañana debía haberse celebrado en la Audiencia de Vizcaya el juicio por un delito de estafa continuada contra C.S.S., que regentaba un establecimiento de hostelería en Bilbao, y para la que fiscalía y la acusación particular, ejercida por la ONG Herresiak Apurtuz -coordinadora vasca de apoyo a inmigrantes-, solicitaban cuatro años de prisión.
Sin embargo, ambas partes han llegado a un acuerdo según el cual la acusada se ha declarado culpable y ha aceptado devolver a sus víctimas, personas inmigrantes casi todas procedentes de países africanos, las cantidades que les estafó, hasta una suma total de 7.550 euros, y además tendrá que abonar una multa de 1.800 euros.
Así, la petición de pena se ha rebajado hasta los 18 meses de prisión, que la condenada sólo deberá cumplir si no paga el dinero que estafó.
Tras hacerse pública la sentencia, que es firme, varios de los inmigrantes que fueron víctimas de la empresaria ahora condenada han expresado su satisfacción a los medios informativos y su "confianza en la Justicia española", que además, según han dicho, les va a proporcionar los permisos de trabajo y residencia.
Han lamentado, como en el caso de Mohamed, un trabajador de la construcción procedente de Argelia, "haber confiado en que esa mujer nos iba a dar un trabajo en un bar y darle nuestros ahorros" para avanzar los trámites burocráticos que posibilitaran su regularización.
Pero aquellos contratos que rubricaba C.S.S. estaban a nombre de empresas que no eran solventes o bares que no existían y, por lo tanto, la Administración denegaba los permisos.
El abogado de la acusación, José Angel Esnaola, ha valorado la resolución condenatoria, especialmente ante la celebración de otro juicio por una estafa similar que se desarrollará el próximo martes contra una abogada y su socio que también engañaron presuntamente a unos inmigrantes.
En ese caso, ha explicado, fueron estafadas 34 personas extranjeras y, junto a la ONG Harresiak Apurtuz, se ha personado también como acusación el Colegio de Abogados para reclamar una pena "mucho mayor", de hasta seis años de cárcel.
La vista celebrada hoy, junto a la del próximo martes, se enmarca en un proceso penal más amplio, que agrupa más de 200 casos de extranjeros que trataron de regularizar su situación y en el que se registraron 61 denuncias sobre cuatro redes de fraude en torno al Proceso de Normalización de Trabajadores Extranjeros del año 2005. EFECOM
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