El pacto fiscal alcanzado el pasado 9 de diciembre en Bruselas entre los jefes de Estado y de Gobierno de 26 de los países de la Unión Europea -todos menos Reino Unido- promete múltiples quebraderos de cabeza para los juristas que deben poner en marcha una estructura de características desconocidas hasta ahora en la historia del Viejo Continente.
Y es que, no sólo Londres no puede resultar afectado ni discriminado en nada que implique al mercado interior de los 27, sino que, además, participarán en la nueva cooperación reforzada no sólo los 17 miembros de la moneda única, sino también otros socios de la Unión.
El grupo de trabajo, de carácter técnico, que debe redactar el futuro tratado internacional del euro, podría presentar hoy un primer avance de borrador, según diversas fuentes consultadas. De hecho, el objetivo sería redactar un primer documento antes de fin de año.
Este equipo, en otras ocasiones encargado de preparar los textos para el Eurogrupo, está formado por dos o tres representantes de los 26 Estados miembros que suscribieron las conclusiones de la cumbre, juristas del Consejo de Ministros de la UE y de la Comisión, así como observadores del Parlamento Europeo. Su objetivo es lograr un documento final para el próximo mes de marzo, cuando los jefes de Estado y de Gobierno quieren poder firmar este nuevo tratado llamado a reforzar la integración entre los países de la moneda única y el control ex ante presupuestario.
Consulta a Parlamentos
Sin embargo, el primer problema con el que se encuentran es que 3 de los 26, Suecia, República Checa y Hungría, han advertido que tienen que pedir la opinión de sus parlamentos nacionales antes de aceptar el nuevo texto, pero además, las oposiciones políticas de Francia, Irlanda y Países Bajos se han pronunciado en contra de la supuesta bonanza de este Tratado por la Austeridad. El líder de la oposición irlandesa ha pedido incluso a Enda Kenny, el primer ministro, un referéndum sobre el nuevo pacto y los partidos pro europeos de la oposición en Holanda han atacado duramente al primer ministro, Mark Rutte, por su política en Bruselas.
Por si fuera poco, según da cuenta el diario Handelsblatt, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, discrepan sobre la forma que debe tener el nuevo tratado, queriendo la primera un texto único que incluya el pacto fiscal y el Mecanismo Europeo Estabilidad, mientras que el belga querría dos tratados, lo que evitaría que un problema de ratificación impidiese utilizar el dinero de los rescates.
Por otra parte, la introducción de la denominada regla de oro para garantizar el equilibrio de los presupuestos nacionales en las constituciones o normas equivalentes de los estados miembros puede requerir una revisión de la directiva sobre presupuestos nacionales. En la práctica, sin embargo, el límite impuesto al déficit estructural anual del 0,5 por ciento del PIB está incluido en el paquete legislativo denominado six pack que acaba de entrar en vigor, por lo que sería más un tema formal.
Donde sí habría un problema es en la parte preventiva de aplicación de sanciones por déficit excesivo, ya que el artículo 126 del Tratado de Lisboa establece que la Comisión propone desencadenar el proceso cuando uno de los países del euro tiene un déficit que supere el límite del 3 por ciento del PIB. A continuación, el Consejo se pronuncia por mayoría cualificada, pero no puede desencadenarse el procedimiento sin aceptación de los estados. El espíritu de las conclusiones de la Cumbre choca con uno de los aspectos de soberanía más directa de los países. "Como el artículo 126 está recogido en el Tratado de Lisboa, para cambiarlo hace falta cambiar el Tratado y no basta una norma a otro nivel", señalan fuentes comunitarias.
Cómo implicar a la CE
La otra cuestión problemática es cómo implicar a la Comisión Europea en un acuerdo que no incluye a todos los miembros de la Unión, y que por tanto, que no puede considerarse bajo un paraguas comunitario. Según diferentes fuentes, una opción es actuar a imagen y semejanza del Tratado de Schengen de libre circulación de personas, que no han suscrito todos los Estados miembros, pero en el que la CE actúa como supervisora y apoyo técnico.
Otra posibilidad es el tratamiento elegido para el rescate a Grecia, conocido como "precedente de Bangladesh", que consiste en utilizar recursos comunitarios para cuestiones que no lo son estrictamente previa aprobación de todos y cada uno de los miembros del consejo. Por tanto, una solución a todas luces poco práctica.
Desde la Comisión, fuentes oficiales insisten en que aún no hay problemas legales pues aún no existe texto, y cuando lo haya, "todo dependerá de si la aplicación que se haga del capítulo 126 del Tratado, que se refiere a la parte preventiva del procedimiento por déficit excesivo, se hace compatible con el tratado actual".
Por ahora, insisten en que los servicios jurídicos del Ejecutivo comunitario no han identificado ningún problema, pero además recalcan que no está en el interés de ningún miembro plasmar un texto que conlleve inseguridad jurídica. De ser así, cualquier Tribunal constitucional nacional, o incluso el de Justicia de la UE de Estrasburgo, podría sancionarlo.
Según los expertos jurídicos de la Comisión, todo depende de cómo quede el texto final.
La UE se refunda con un pacto fiscal
