Economía/Empresas.- La juez pide garantías de pago a las dos empresas que pujan por Chocolates Elgorriaga

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y Mercantil de Avila ha dictado una providencia en la que solicita a las empresas interesadas en la adquisición de Chocolates Elgorriaga la presentación de avales o garantías de pago de las ofertas realizadas.

Los interesados disponen de cinco días para presentar la documentación requerida tras la providencia dictada por la magistrada a petición de los administradores concursales, informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Una empresa de Avila y otra de Asturias han formalizado sendas ofertas para hacerse con la unidad productiva y las marcas de Chocolates Elgorriaga, una de las sociedades de Nueva Rumasa.

Los importes ofrecidos por ambas rondan los 4,5 millones de euros fijados como mínimo por la juez, con una diferencia entre ambas de 12.000 euros, informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

Los oferentes prometen la continuidad de la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero no garantizan el pago, por lo que los administradores propusieron al juez que conceda un plazo de cinco días para que ofrezcan garantías y que establezca un pago mínimo de 2,3 millones de euros antes de fin de año.

Elgorriaga cuenta con un déficit patrimonial próximo a los 58 millones de euros, ya que sus activos están valorados en 6,4 millones, frente a unas deudas contraídas de 64 millones.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Avila autorizó la venta en el auto de apertura de la fase de liquidación de la empresa sin tener que proceder al cierre y extinción de los contratos de trabajo de sus empleados.

La decisión se produjo ante la imposibilidad de presentar una propuesta de convenio a sus acreedores, al no tener alternativas de refinanciación, y por petición expresa de la administración concursal, integrada por el economista y socio de Dictum Abogados Aurelio Gurrea, José Rafael Sánchez como representante de los acreedores, y el abogado Miguel Angel Martín de Miguel.

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