Congelar los pagos a los proveedores sanitarios ya no es suficiente para muchas comunidades autónomas que han tenido que tirar de bisturí y cortar por lo sano en salud para llegar a final de año. De momento, son pequeñas escisiones, salvo en el caso de Cataluña, que desde junio opera de urgencia para reducir casi 1.000 millones de euros del presupuesto sanitario de 2011.
El último ajuste anunciado por el Gobierno catalán es no pagar los tratamientos de fertilidad concertados con las clínicas privadas para ahorrar nueve millones de euros al año.
Otra vuelta de tuerca que mantiene en vilo a los pacientes y a los profesionales sanitarios que se enfrentan a despidos y recortes salariales, como la suspensión de la paga extra de Navidad para los 41.000 empleados del Instituto Catalán de la Salud (ICS). Hasta 4.000 contratos interinos no han sido renovados en el ICS, según el sindicato de enfermería Satse, cuya bolsa de trabajo ha aumentado hasta los 12.000 demandantes. Para Pablo Vázquez, director de Fedea, el ajuste en Cataluña le parece "inevitable" y cree que "son necesarias profundas reformas en el sistema sanitario si queremos hacerlo sostenible a corto y medio plazo".
Deuda de 15.000 millones
A falta de reformas, las comunidades están planteando despidos y recortes de salarios y de actividad sanitaria, con el cierre de plantas, servicios sanitarios o quirófanos para frenar una deuda que supera los 15.000 millones de euros. Canarias ha suspendido la actividad quirúrgica de tarde hasta final de año. Valencia cerrará 262 camas de los hospitales públicos para ahorrar 2,6 millones de euros al mes.
Baleares ha suprimido los complementos por productividad variable de 2010, además de eliminar 89 liberados sindicales institucionales o la gratuidad de los pañales para discapacitados menores de 21 años. Castilla-La Mancha también ha congelado el pago de los nuevos grados de carrera profesional que consoliden los médicos. Murcia ha reducido los horarios de atención en los centros de salud y Navarra recortará el 3,5 por ciento del presupuesto de 2011, lo mismo que Castilla y León.
En 2012 el ajuste será incluso mayor. Las comunidades están escondiendo sus cartas hasta pasadas las elecciones generales y barajan prorrogar sus presupuestos, que son claramente insuficientes para cubrir las facturas, hasta que el nuevo Gobierno apruebe las previsiones de gasto de 2012. Pero quien realmente está pagando los platos rotos de la falta de liquidez y sosteniendo la actividad sanitaria son los proveedores. Farmaindustria presentará esta semana nuevos datos sobre impagos que reflejan el rápido deterioro de esta cuenta. Las comunidades acumulan ya una deuda con las farmacéuticas de más de 5.400 millones de euros.
Los impagos a las empresas de tecnología sanitaria ascienden ya a 4.540 millones de euros, como adelantó este diario. En tres meses, las regiones han elevado su deuda con los fabricantes de productos sanitarios en 240 millones de euros y en más de 200 millones con los laboratorios.
Las farmacias son otro de los sectores más perjudicados. Los retrasos en los pagos de la recetas afectan ya a nueve comunidades y las boticas se han visto obligadas -caso de Murcia- a convertirse desde mayo en avalistas de la póliza suscrita con las entidades para poder cobrar. Cataluña negocia una solución similar para ingresar la factura de agosto. Baleares acaba de liquidar el mes de mayo, mientras que los boticarios de Castilla-La Mancha siguen pendientes de un acuerdo con la banca para financiar los 163 millones de euros que les adeudan y que alcanzarán los 313 millones a final de año.
Las boticas
Los impagos a las boticas se extienden a la Comunidad Valenciana, cuyo presupuesto farmacéutico está agotado desde agosto y negocia fórmulas de financiación, La Rioja, Navarra, Canarias y Cantabria. Sólo Asturias, Canarias y País Vasco no tendrán problemas de liquidez, según la patronal FEFE.
Los recortes anunciados hasta la fecha y los impagos son sólo parches que no cierran el agujero del sistema de salud. Para darle solvencia, expertos como el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, consideran prioritario "que los políticos se aclaren, si quieren orientar nuestro sistema a la inglesa, con un catalogo estricto y sin copagos, o a la holandesa, con prestaciones más generosas pero con copagos", explica.
Economistas como Pablo Váz- quez piensan que "hay que llevar a cabo una reforma laboral en profundidad". En su opinión, "influirá en todo, pero mucho en sanidad".