El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha propuesto hoy formalmente la creación, a partir del 1 de enero de 2014, de una tasa a las transacciones financieras dentro de la UE, a imitación de la tasa Tobin, que recaudará 55.000 millones de euros al año, según sus cálculos.
La tasa gravará con un tipo del 0,1% las compraventas de acciones y bonos y con un tipo del 0,01% las de derivados. Con estos tipos tan bajos, el Ejecutivo comunitario pretende reducir el riesgo de deslocalizaciones. No obstante, Bruselas admite que su implantación podría reducir a largo plazo el crecimiento del PIB entre el 0,53% y el 1,76%.
Se aplicará a todas las transacciones entre instituciones financieras en el caso de que al menos una de las partes esté en la UE (el 85% del total, según la Comisión). No se gravará ni a los ciudadanos ni a las empresas. Las hipotecas, los préstamos bancarios, los contratos de seguros y otras actividades financieras normales efectuadas por personas físicas o pequeñas empresas no entran en el ámbito de aplicación de la propuesta.
Hace apenas diez días, los ministros europeos de Economía y Finanzas constataron en la cita que mantuvieron en la localidad polaca de Wroclaw, una vez más, sus profundas divisiones sobre la conveniencia o no de imponer algún tipo de tasa Tobin o impuesto sobre las transacciones financieras.
Salgado vio el vaso medio lleno y subrayó que existe un consenso a favor entre los países más grandes del euro. Es público y notorio que Francia y Alemania defienden esta iniciativa y que España, al menos su actual Gobierno saliente, la apoya. Por el contrario, Jacek Rostowski, ministro polaco de Finanzas, vio el vaso medio vacío y aseguró que la UE está "muy dividida", aunque también admitió que continuará el debate.
Nuevas sanciones a países con déficit
Por otro lado, este miércoles el Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el nuevo sistema de multas de hasta el 0,2% del PIB, que en el caso de España supondrían 2.000 millones de euros, a los países de la Eurozona con déficit y desequilibrios excesivos.
El refuerzo de las sanciones ha salido adelante con el respaldo de los conservadores y los liberales, mientras que los socialistas y el resto de grupos de izquierda han votado mayoritariamente en contra por considerar que se trata de "un pacto de austeridad que se basa en recortes y sanciones" y no deja margen de maniobra a los Estados para el "gasto inteligente" que estimule el crecimiento.
Una vez iniciado el expediente sancionador, las siguientes fases sí serán prácticamente automáticas, ya que se necesitará una mayoría cualificada de Estados miembros para tumbar las propuestas de multa de la Comisión.
Las nuevas sanciones se activarán en una fase temprana para prevenir que los problemas se agraven. Si un país no realiza los ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario, la UE le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0,2% de su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit se le retendrán los intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno afectado no ha tomado las medidas exigidas para corregir el déficit.
Aparte de endurecer el procedimiento por déficit excesivo, la norma crea un nuevo expediente sancionador por desequilibrios excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0,1% del PIB (en el caso de España, 1.000 millones de euros) para los países de la eurozona que no adopten las medidas recomendadas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.
Pide la ayuda del BCE
Para frenar la crisis de deuda, el presidente de la Comisión Europea, el conservador portugués José Manuel Durao Barroso, continúa aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo (BCE), del que dijo que debe hacer todo lo necesario para contribuir a garantizar la estabilidad de la zona euro.
Barroso no explicita si debe rebajar los tipos de interés, facilitar más liquidez a la banca, o participar en una nueva ampliación del fondo de rescate, pero su alusión al BCE la realizó nada más señalar que la Comisión Europea está trabajando en opciones para que el fondo de rescate pueda potenciar el uso de su dotación financiera.
En la actualidad, el debate más o menos soterrado entre los responsables de la UE, presionados por Estados Unidos, se centra en apalancar los recursos del fondo de rescate (limitados a 440.000 millones de euros) de manera que su potencia de fuego alcance al menos 2 billones de euros. En esta operación de apalancamiento podría colaborar el BCE, pero Fráncfort tiene dudas sobre la compatibilidad de esta operación con su mandato legal.
Cubrir a los grandes
El fondo de rescate tiene capacidad para reflotar a pequeños países como Grecia, Irlanda o Portugal. Pero no para auxiliar a países de la talla de Italia o España, ni para asumir sus nuevas responsabilidades, entre las que figura contribuir a recapitalizar bancos zarandeados por la posible quiebra de, por ejemplo, Atenas.
Barroso también recordó su plan de presentar propuestas para que la zona emita eurobonos y pidió reformas legales en los Tratados de la UE para evitar que países que no quieren avanzar en la integración de las políticas económicas de la zona euro puedan vetar acuerdos alcanzados por el resto.
Barroso realizó estas declaraciones durante su intervención este miércoles en el debate sobre el estado de la Unión celebrado en el pleno del Parlamento Europeo, pleno que esta semana se celebra en la localidad francesa de Estrasburgo.
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