
La política económica de 2008 estará marcada por la elecciones del 9 de marzo y las incertidumbres que se puedan despejar desde entonces. Todas las miras estarán puestas en el precio de la vivienda y la evolución del paro. Tras un primer semestre de formación Gobierno, deben despejarse en el segundo las bases del nuevo modelo de financiación autonómica y local y los flecos constitucionales del Estatut.
Si hay una fecha clave este año para la política económica es el 9 de marzo. Ese día se decidirá si PSOE o PP ganan las elecciones. El partido que pierda se verá abocado con toda seguridad a una crisis interna y a buscar una cara nueva que lidere el partido. Con unas Cortes Generales que serán disueltas a mediados de enero, el país deberá afrontar un ejercicio en el que las incertidumbres económicas cobrarán un mayor protagonismo.
El Producto Nacional Bruto (PIB) se alejará cada vez más de los crecimientos del 4 por ciento en los que estuvo instalado en los primeros meses de 2007. A final de año, incluso, es probable que la economía crezca ya por debajo del 3 por ciento. Una de las primeras repercusiones se producirá en el mercado de trabajo. Algunos estudios ya auguran que el paro repuntará en el primer trimestre. Mes a mes, el Ministerio de Trabajo tendrá que ir dando fe de las consecuencias de la desaceleración de la economía en términos de paro y afiliación a la Seguridad Social.
Precio de la vivienda
Y si hay dos sectores a los que se dirigirán todos las miradas serán los de la construcción y el inmobiliario. Algunas estimaciones apuntan que la pérdida de empleos en ambos ascenderá a 400.000, y eso sin contar los puestos de trabajo indirectos que genera la actividad de esos cientos de miles de empleados. Habrá que ver si el devenir del ejercicio contribuye a despertar a un mercado que ha estado languideciendo en los últimos meses de 2007.
Otra de las incógnitas será la evolución del precio de la vivienda y el impacto que tengan las medidas del Gobierno en el mercado del alquiler. El Ejecutivo insiste en que el avance de los precios se acercará al de la inflación, pero numerosas entidades apuntan a que en 2008 el coste de la vivienda caerá, y ya hay indicios de ello, sobre todo en las de segunda mano.
Todos los expertos coinciden en que si baja el precio de la vivienda y se recorta la riqueza patrimonial de los españoles, y aumenta el paro y se generan menos rentas, la economía se enfrentaría a una espiral a la baja muy dura. La salvación estaría en la mejora de las exportaciones y la inversión industrial y en investigación, pero eso no será fácil, con un euro al alza frente al dólar y la elevación de los costes laborales.
Todo ello sin conocer por ahora los efectos de la crisis crediticia en Europa y en España. A partir de finales de enero las entidades financieras empezarán a difundir sus resultados anuales. Será el momento de conocer el verdadero impacto de la crisis crediticia sobre sus balances, aunque probablemente hasta después de las elecciones todo seguirá siendo una incógnita.
Presupuesto transitorio
Quien gane los comicios necesitará al menos algo más de un mes para conformar su nuevo Ejecutivo. De ganar Zapatero, se da por hecha la continuidad de sus dos vicepresidentes, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, pero seguro que el presidente aprovecha para remodelar su gabinete. Después llegará el debate de investidura y, prácticamente, nada más.
El verano volverá a situar en letargo al Parlamento y el Gobierno se centrará en la preparación de los primeros presupuestos de la novena legislatura. Quedarán tres años de ejercicio del poder, muy probablemente hipotecado con las minorías nacionalistas en el Congreso, dado que no se prevé la mayoría absoluta.
Puestos manos a la obra en el segundo semestre, lo primero que tendrá que hacer el nuevo Ejecutivo es preparar los Presupuestos del año siguiente, sobre unas cuentas públicas en 2008 continuistas y con poca ambición. Pero en ese semestre, quien ordene la economía tendrá que enfrentarse a asuntos muy delicados, como la definición del nuevo sistema de financiación autonómica y local, unas asignaturas pendientes que Zapatero se ha dejado en el debe de esta legislatura.
Las Autonomías
En materia de recursos de las comunidades autónomas, las líneas básicas están explicitadas en el Estatuto catalán, que establece una mayor participación de las regiones en el IRPF, el IVA y los impuestos especiales.
Pero sobre el Estatut de Cataluña penden los recursos que está analizando el Tribunal Constitucional. Serán sus magistrados, inmersos ahora en una serie de reprobaciones cruzadas, los que deberán dictaminar si la nueva norma básica de los catalanes se adapta a la Carta Magna. De su decisión dependerá, en gran medida, el nuevo sistema de financiación y la futura vertebración territorial de España.
Y la Justicia también deberá dirimir la responsabilidad del Estado en el caso de la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa. Sobre la mesa, los ahorros de más de 400.000 familias. El asunto está en manos de la Audiencia Nacional.