
A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió a la Agencia de Protección Ambiental detener una controvertida regulación para reducir la contaminación del aire. Lo hizo con el objetivo de "reducir las cargas burocráticas" y la "incertidumbre" para las empresas, en un momento en que la economía estadounidense "continúa recuperándose".
El anuncio se produjo poco después de conocerse que la economía no creó ni un solo empleo en agosto, y que la tasa de paro permaneció en el 9,1%. La pregunta es: ¿hasta qué punto regulaciones de estas características frenan la creación de empleo o provocan su destrucción?
El blog ProPublica recoge en un artículo la opinión de expertos sobre la incidencia de distintas normativas en el mercado laboral y llega a la conclusión de que las regulaciones pueden implicar la destrucción de puestos de trabajo, pero también puede suponer la creación de otros. Básicamente implican la transferencia de puestos de trabajo dentro de la economía.
"Los efectos sobre el empleo son insignificantes", explica Richard Morgenstern, un experto que ha trabajado durante años en la Agencia de Protección Ambiental y que actualmente es miembro del think tank Resources for the future.
Hace casi una década, Morgenstern y sus socios publicaron algunos estudios sobre los efectos de distintas normativas medioambientales en cuatro industrias contaminantes distintas. Llegaron a la conclusión de que cuando la nueva regulación ambiental se aplicaba, el aumento de los costes de producción implicaba una subida de precios, lo que suponía una caída de ventas para las empresas y la destrucción de puestos de trabajo. Pero esta pérdida de empleo era compensada con el fichaje de otros trabajadores contratados para emprender medidas con el objetivo de reducir la contaminación.
"Hay muchos casos de regulaciones que provocan que una determinada industria pierda puestos de trabajo", explica Roger Noll, co-director del Programa de Política Regulatoria del Instituto Stanford. En este sentido, Noll cita las prohibiciones de productos tales como los clorofluorocarbonos o la gasolina con plomo, como los ejemplos más claros.
En cualquier caso, el impacto es mínimo. Según la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos, los empresarios aseguran que del total de puestos que destruyen sus compañías, sólo un 0,2 o un 0,3% de los casos se debe a efectos derivados de regulaciones gubernamentales.
Por su parte Susan Dudley, exjefe de regulaciones de la Casa Blanca bajo la presidencia de George W. Bush y ahora directora del centro de estudios regulatorios de la Universidad George Washington, explica que hay ciertas regulaciones que podrían ser contraproducentes incluso aunque implicaran una mayor contratación.
"Sería fácil pensar en una regulación que implicara la creación de puestos de trabajo que no beneficiaran a la sociedad". Por ejemplo, exigir que en el sector de la construcción se trabajara con una cuchara como herramienta de trabajo, cita irónicamente.
"El dabate sobre la regulación y sus consecuencias debe centrarse siempre en si ofrece ventajas que justifican su coste", concluye Noll.