El Gobierno ha aprobado un real decreto ley que incluye la recuperación temporal del Impuesto sobre el Patrimonio para rentas superiores a los 700.000 euros, lo que afectará a un total de 160.000 contribuyentes, según ha afirmado el portavoz del Gobierno, José Blanco en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El nuevo impuesto, que se eliminó en el año 2008, gravará ahora patrimonios superiores a los 700.000 euros, lo que supone multiplicar casi por siete el límite anterior (cerca de 108.000 euros). Además, el mínimo exento para vivienda habitual se eleva a 300.000 euros, el doble de 2008.
El impuesto, que aportará unos 1.080 millones de euros, se restablece exclusivamente para los años 2011 y 2012, por lo que las declaraciones tendrán que presentarse y realizarse en los años 2012 y 2013.
Según el Gobierno, el objetivo de esta medida es reforzar la estabilidad presupuestaria de acuerdo con el principio de equidad, gravando la capacidad contributiva adicional que representa la posesión de un patrimonio a partir de determinada cuantía.
Blanco ha calificado la medida de "excepcional" y ha asegurado que se trata de una iniciativa que permite distribuir las cargas de la crisis de forma "más justa y equilibrada", al tiempo que refuerza la estabilidad presupuestaria y dota a las administraciones de más recursos para reforzar el Estado de Bienestar.
No se compensará a las CCAA que no lo apliquen
La liquidación extra de 1.080 millones irá a las comunidades autónomas que, hasta ahora, recibían una compensación por la supresión del Impuesto a través de la nueva ley de financiación autonómica que entró en vigor este año y que incluía una partida de 2.100 millones destinada a este fin.
Blanco ha asegurado este viernes que ninguna comunidad cobrará dos veces por el mismo impuesto y que no se compensará a aquellos territorios que voluntariamente decidan "boicotear" el tributo.
"Si hay obstáculos habrá que superarlos", ha señalado el portavoz, para quien no es "comprensible" que algunas comunidades no quieran pedir este esfuerzo a los ciudadanos que más tienen y que, al mismo tiempo, sean compensadas por el Estado mientras los españoles se tienen que apretar el cinturón.
De hecho, el Ejecutivo considera que la crisis económica hace necesaria la recuperación del impuesto reforzando el principio de equidad, de manera que permita gravar los patrimonios más elevados para que quienes más tienen contribuyan en mayor medida a la salida de la crisis, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
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