El adelanto electoral previsto para el próximo 20 de noviembre amenaza seriamente que puedan llevarse a cabo algunas de las reformas que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha planeado para esta legislatura. El calado y el número de proyectos legislativos lanzados por Caamaño es considerable. Sin embargo, aún existen múltiples reformas pendientes para Justicia y el tiempo apremia. Sin ir más lejos, el Gobierno celebró el viernes una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.
Con la disolución de las Cortes Generales, probablemente a principios del mes de septiembre, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno de los proyectos más ambiciosos del ministro, no verá la luz.
Junto a esta nueva Ley, Justicia remitió a Consejo de Ministros la Ley Orgánica que regula los derechos fundamentales vinculados al proceso penal. El portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia del Senado, Agustín Conde, ya lo dejó claro: si llega al Gobierno, modificará esta Ley, así como el Estatuto del Ministerio Fiscal, dando por hecho que no dará tiempo a reformar en esta legislatura. Para Conde, "la instrucción por parte del fiscal -principal novedad del proceso impulsado por Caamaño- es inasumible mientras la Fiscalía tenga su configuración actual".
También en fase de anteproyecto está la Ley de Contrato de Seguro, que correrá la misma suerte que la reforma procesal.
¿Qué sucede con otros proyectos?
Otros Proyectos de Ley se encuentran, sin embargo, ya en el trámite parlamentario del Senado de forma que su aprobación antes del cambio de legislatura puede ser viable, sobre todo en caso de que la Cámara Baja los apruebe sin modificaciones, con lo que no tendrían que remitirse nuevamente al Congreso.
En esta fase está la reforma de la Ley Concursal; la Ley de Medidas de Agilización Procesal o la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Propuestas con una tramitación menos avanzada pero ya en fase de proyecto de Ley son la Ley de Mediación, actualmente parado en fase de enmiendas en el Congreso, o la Ley para la creación de Tribunales de Instancia, pendiente del Informe de la Ponencia.
No obstante los obstáculos con que puedan encontrarse estas reformas, ya hay un buen número de ellas que se han llevado a cabo durante el mandato de Caamaño. El ministro ha puesto un gran interés en desarrollar las nuevas tecnologías en los tribunales, que, finalmente, adoptó la forma de una Ley que se publicaba en el BOE el pasado julio.
Normas aprobadas
Hay que destacar, asimismo, que, durante su mandato ha culminado el Reglamento que desarrolla la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, que entrará en vigor el próximo 30 de octubre, después de una vacatio legis de 5 años -la más larga de la Democracia-. A través de Real Decreto se aprobó, asimismo, el régimen jurídico de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles adscritos a la Dirección General.
La Ley del Registro Civil o la de Arbitraje, la reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para aplicar en España el proceso monitorio europeo, o son otras de las normas que ya han sido aprobadas.
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