MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Las defensas del director y el subdirector de la sucursal de 'La Caixa' de Majadahonda, Miguel Carlos Prats Oria y José Alfonso Castro Mayoral, achacaron hoy la culpabilidad de ambos en la "mala" actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) respecto a Gescartera. El Ministerio Fiscal pide tres años de prisión para cada uno de ellos por complicidad en un delito de apropiación indebida.
Durante la presentación de su informe de conclusiones en el juicio oral, los letrados declararon que no se ha podido demostrar que ni Prats ni Castro cerraran un "pacto" con los responsables de Gescartera con la finalidad de "urdir un plan" para engañar a la CNMV mediante la elaboración de documentación falsa. "La CNMV fue la que se dejó engañar y permitió que siguieran captando clientes", afirmó el abogado de Castro, Germán Guillen.
Los abogados acusan a los responsables del organismo regulador de no intervenir en junio de 1999 a pesar de conocer las irregularidades y de cerrar la inspección a finales de ese mismo año sin comprobar la veracidad de los documentos que se les entregaban ni si se habían subsanado las irregularidades detectadas desde 1995.
Ambos, empleados de 'La Caixa' desde 1995, reconocieron en sus declaraciones que desde la sucursal se extendieron dos certificados en noviembre de 1999, otro certificado que acreditaba la entrada de tres cheques por importe de 24 millones de euros de los clientes y otro documento, con fecha de diciembre de 1999, que afirmaba que los 24 millones de euros estaban depositados en una cuenta denominada 'Clientes Liquidación Internacional'. La Fiscalía imputa a la entidad de responsabilidad civil subsidiaria.
Esta documentación está firmada por los dos acusados y sirvió a Gescartera para pasar la inspección de 1999. Según los abogados, durante la causa ha quedado probado que los consejeros de la CNMV debatieron la posibilidad de intervenir en la reunión de urgencia del Consejo de 16 de abril de 1999. La Fiscalía imputa a la entidad de responsabilidad civil subsidiaria.
Los letrados destacaron que cuando llegó la documentación de 'La Caixa' al organismo regulador, en noviembre de 99, éste ya conocía el desfase patrimonial de 27 millones de euros recogido en el informe 'Borrador sujeto a cambios' elaborado por el inspector David Vives con fecha de corte a 30 de noviembre de 1998 y que motivó la reunión urgente del Consejo, donde finalmente se decidió no intervenir.
