Caldeado. Así llega el ambiente al Consejo de Política Fiscal y Financiera que hoy preside la vicepresidenta económica, Elena Salgado, con la novedad de que un total de 13 de los 17 consejeros autonómicos son del PP tras las elecciones del pasado 22 de mayo.
Ante este nuevo reparto de fuerzas y sin olvidar que el cumplimiento fiscal de las autonomías concentra gran parte de los focos de los organismos internacionales y de las agencias de calificación de riesgo, cada una de las partes destapó ayer algunas de sus cartas en lo que será, sin duda, una batalla política.
El Gobierno quiere meter la máxima presión a las autonomías gobernadas por el PP, como parte de la estrategia electoral de Alfredo Pérez Rubalcaba. La intención del candidato del PSOE de aquí a las elecciones pasa por forzar a los nuevos gobiernos regionales a que apliquen recortes de gasto y tomen decisiones impopulares, que desgasten lo máximo posible las opciones de Mariano Rajoy en la cita con las urnas. Para ello, nada mejor que cerrar el grifo del dinero.
Ayer, el Ministerio de Economía y Hacienda publicó apenas 24 horas antes de la reunión del CPFF las cifras de la liquidación negativa aplazada de 2009, es decir, lo que las comunidades adeudan al Estado. El año pasado, los datos relativos a 2008 se hicieron públicos el 9 de agosto.
En total, la factura autonómica de 2009 asciende a 18.736 millones de euros, con Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana a la cabeza (ver gráfico). Pero, además, las autonomías -sin contar con el País Vasco y Navarra- adeudan al Estado cerca de 5.000 millones de euros del año 2008, lo que eleva la cuenta para quedar en paz a unos 23.700 millones de euros.
Las autonomías debían un total de 5.499 millones del ejercicio de 2008, pero fuentes de Economía aseguran que ya han devuelto unos 550 millones (lo correspondiente al primer semestre teniendo en cuenta que tienen cinco ejercicios para realizar las devoluciones) y que estas partidas no afectan al déficit que el Gobierno tiene que justificar con Bruselas.
¿De dónde provienen estas deudas? Se trata de los denominados anticipos a cuenta, un mecanismo que utiliza la Administración Central por el que adelanta a cada Gobierno autonómico un porcentaje sobre lo que le corresponde de la recaudación de tributos como el IRPF, IVA o los Impuestos Especiales y que se ajusta al conocerse la recaudación final de dichos impuestos. El Ejecutivo fue entonces demasiado optimista en sus pagas a las autonomías y ahora les pide que le devuelvan esa propina extra.
Rajoy pide tiempo
Éste será el principal caballo de batalla del PP tal y como desveló ayer a primera hora de la mañana en los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial su presidente, Mariano Rajoy. Antes de que el Gobierno sacara a la luz las cuentas pendientes, Rajoy avanzó que su grupo pedirá hoy más tiempo para realizar estas devoluciones, algo que "no implicaría incremento alguno de deuda pública".
Tras la reunión que el líder popular mantuvo en Madrid con los presidentes autonómicos del PP, Génova emitió un comunicado en el que fija esos plazos. Reclama un aplazamiento de diez años para devolver estas liquidaciones de 2008 y 2009 porque, argumenta, es el Gobierno el que tiene que paliar el problema de liquidez que él mismo generó ya que "gran parte" de la deuda de las autonomías es consecuencia de estas entregas a cuenta que hoy las regiones no pueden devolver.
El Gobierno dice "no"
La negativa del Ejecutivo no tardó en llegar. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, insistió en que el acuerdo alcanzado con las autonomías sobre la devolución de los adelantos a cuenta ya es "generoso" y "no hay razón" para volver a retrasarlo. Actualmente, las comunidades pueden aplazar un año el pago de esas deudas y tienen hasta cinco años para liquidarlas. Es decir, tras la moratoria, las comunidades podrán empezar a devolver los adelantos de 2009 en 2012, del mismo modo que este año han empezado a hacer lo propio con 2008.
Además, el PP culpa al Gobierno por la situación de las cuentas autonómicas por otros dos motivos: porque "la gran mayoría" del endeudamiento autonómico y local ha sido autorizado por el Consejo de Ministros y porque corresponde al Gobierno aceptar los planes de reequilibrio y seguirlos.
Aval del Estado a las CCAA
El PP plantea también que el Estado avale las emisiones de deuda de las comunidades autónomas que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria, eso sí, realizando previamente un análisis de cada comunidad autónoma.
S. Social: deficitaria en 12 CCAA
