
Los ministros de Trabajo de la Unión Europea fracasaron de nuevo hoy, tras tres años de debates, en el intento de llegar a un acuerdo sobre la norma comunitaria que regula el tiempo de trabajo. Esta directiva enfrenta a los países que reclaman una mayor flexibilidad laboral ('opt-out'), encabezados por Reino Unido y Alemania, con los que quieren recortar la jornada semanal permitida por debajo de las 48 horas, grupo liderado por España e Italia.
El asunto se debatió en el Consejo de Empleo, donde los ministros de la UE intentaron sin éxito llegar a un acuerdo sobre la reforma de la Directiva de Tiempo de Trabajo, que regula la jornada máxima y los derechos a descanso.
Menos horas
El ministro portugués de Trabajo y presidente de turno del Consejo, José António Vieira Da Silva, admitió que, pese a que se habían logrado "progresos durante el debate", todavía quedan "puntos pendientes" que impiden un compromiso". Sin embargo, Da Silva aseguró que "en 2008 podremos llegar a un acuerdo y superar este impasse".
Menos optimista se mostró el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, que amenazó con retirar la directiva, una posibilidad que fue rechazada por la mayoría de las delegaciones.
Portugal, país que regenta la presidencia de la UE este semestre, plantea mantener como regla general las 48 horas pero autoriza la posibilidad de ampliarla hasta las 60 horas semanales, portura más próxima a las peticiones británicas. A este respecto, España se posiciona firmemente en contra, "en defensa de los derechos de los trabajadores y el modelo social europeo", según afirmó el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, a su llegada a la reunión.
A su vez, el secretario general de Empleo, Antonio González, dijo que España apuesta por "seguir trabajando" y evitar que "se vacíe el contenido de la norma" sobre tiempo de trabajo.
La delegación española, con el apoyo de Francia, Italia, Grecia y Chipre, ya logró en noviembre de 2007 bloquear la renovación de la directiva sobre tiempo de trabajo porque no fijaba una fecha para acabar con el opt-out, lo que a juicio de estos países es incompatible con la Europa social.
Empleo temporal
Por su parte, Portugal pretendía que Londres diera su visto bueno a la norma sobre trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, que se encuentra bloqueada desde 2002 y que también se tratará de aprobar en el Consejo de Empleo de hoy.
Esto es porque el principal punto de desacuerdo es a partir de qué momento se debe garantizar una igualdad de trato salarial con los empleados de la compañía de destino. La iniciativa de compromiso de Portugal obliga a introducir esta igualdad de trato como máximo seis semanas después de que los temporales empiecen a trabajar.
Sin embargo, Reino Unido, con el apoyo de Alemania, exige que la equiparación se conceda tras un plazo de seis meses. De lo contrario, sostiene Londres, los empresarios se enfrentarán a un incremento de costes y se reducirá la flexibilidad laboral. Esta norma no afectaría en ningún caso a España porque la legislación nacional ya garantiza la igualdad de trato desde el primer día.