El responsable del Centro de Excelencia Regulatorio de KPMG en Europa, Giles Williams, ha señalado que la Directiva europea sobre los Requisitos de Capital (CDR4) debería "establecer un entorno de igualdad de condiciones para las entidades bancarias" de diferentes países de la UE, puesto que está basada en el acuerdo Basilea III.
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
En su opinión, la nueva regulación "debería establecer un entorno de igualdad de condiciones para las entidades bancarias que operan en varios países y las medidas dirigidas a conseguir un equilibrio adecuado entre la estabilidad y la tarea de garantizar que el sistema bancario puede seguir apoyando la economía real en los estados miembro".
Por su parte, el representante en España del KPMG en Europa, Francisco Uría, ha señalado que la armonización máxima que pretende dicha directiva hará más homogéneas las regulaciones nacionales, puesto que "no debería ser incompatible con la posibilidad de que los supervisores nacionales puedan exigir capital adicional en Pilar II". "La clave", ha apostillado, "es que esa mayor exigencia responda a criterios objetivos, predeterminados y que atiendan a las circunstancias individuales de cada entidad y no a la imposición de requerimientos globales adicionales de capital".
Uría ha indicado además que, al margen de los efectos cuantitativos en capital, liquidez y otros ámbitos, "lo más relevante" de la nueva directiva será "su efecto sobre el modelo de negocio en la banca mundial", al tiempo que ha destacado la importancia de que la transposición "no permita la existencia de diferencias significativas en la aplicación de la norma en los diferentes Estados, como ha sucedido en el pasado con otras regulaciones".
Además, Uría ha añadido que uno de los desafíos de la transposición de la Directiva es integrarla con las reformas regulatorias, entre las que se incluye los posibles recargos de capital para las Instituciones Financieras Sistemáticamente Importantes (SIFIs) tanto globales como nacionales, así como el establecimiento de requisitos de información adicionales que podrán entrar en conflicto cuando se adapten procedimientos y sistemas a otros cambios regulatorios.
Por último, Francisco Uría ha concluido que el sector financiero español, con su modelo de banca minorista, afrontará la implementación de la Directiva "en una buena posición una vez que se haya completado el proceso de reestructuración y recapitalización en curso".
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