Los fotovoltaicos lamentan que el Gobierno sí haya aceptado sobrecostes en la tarifa relacionados con el carbón o los ciclos combinados de gas
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de la Presidencia considera que las nuevas enmiendas presentadas por CiU en el Senado contra el recorte fotovoltaico provocarían, en caso de ser aprobadas, un aumento de los costes del sistema eléctrico y, "por ende, de la tarifa eléctrica", por lo que muestra su rechazo a la tramitación de estas propuestas.
De forma inusual, aseguran fuentes del sector energético, el Gobierno ha remitido al Senado un documento en el que expresa su rechazo a las enmiendas al considerar que encarecerían la parte regulada de la tarifa de luz, dificultarían la colocación de la deuda eléctrica en los mercados, pondrían en riesgo la actividad del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y generarían más deuda al Estado.
En el documento, remitido por el Ministerio de la Presidencia a la Cámara Alta y al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno analiza las dos enmiendas de CiU sobre la actividad fotovoltaica, presentadas esta vez al proyecto de ley de contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad.
La primera consiste en que la limitación a las horas con derecho a retribución se aplique en función del máximo histórico anual de la planta y de la media histórica del municipio, y en que se amplíe este tope para las plantas pequeñas. La segunda reclama una línea específica del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la financiación directa de las plantas fotovoltaicas afectadas por el recorte del real decreto ley 14/2010.
Sobre la primera, el Gobierno dice que propicia un mayor déficit de tarifa del sistema eléctrico y "tiene un impacto directo sobre el volumen de deuda pública". Al aumentar el desajuste eléctrico, asegura, las titulizaciones de la deuda del sector se encarecerían, lo que elevaría la tarifa de la luz y la deuda pública, ya que estas emisiones están asociadas a la misma.
La medida "contribuiría a generar una incertidumbre legal que tiene un impacto muy importante en el propio Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE), lo que podría llegar a cuestionar su capacidad de emitir en el futuro", añade, después de indicar que se elevaría la percepción de riesgo de los compradores de deuda eléctrica y, con ello, se incrementarían los costes del conjunto del sector.
En cuanto a la segunda enmienda, Moncloa entiende que "afecta a la solvencia financiera del ICO" y exigiría "una dotación con cargo a los presupuestos del Estado, lo que supondría un incremento del créditos presupuestarios y es contrario al objetivo de consolidación presupuestaria".
En suma, el Gobierno asegura que "ambas enmiendas no son coherentes con el proceso de consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de la finanzas públicas a medio plazo, conforme a los objetivos de los Presupuestos Generales del Estado para 2011".
MALESTAR ENTRE LOS FOTOVOLTAICOS.
Al ser consultadas acerca de esta posición del Gobierno, fuentes del sector fotovoltaico consideraron que el documento incurre en "varias contradicciones", entre ellas la de utilizar argumentos para rechazar una nueva línea del ICO en los que, de forma implícita, se reconoce el riesgo de solvencia de las instalaciones, si bien el ministro de Industria, Miguel Sebastián, sostuvo que su viabilidad no se vería afectada por los recortes.
Otra de las contradicciones denunciadas por el sector es que el Gobierno dice que debe modificarse el real decreto ley 14/2010 con enmiendas para no introducir nuevos costes, cuando, en los últimos meses, se han aprobado incentivos al carbón y pagos por capacidad para centrales de ciclo combinado que no hacen sino encarecer la tarifa.
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