La convalidación de la reforma de la negociación colectiva en el Congreso se le complica al Gobierno ya que el PNV ha anunciado que votará en contra. Además, CiU, tras conocer esta decisión, ha señalado que se está reconsiderando su postura, que en un principio iba a ser la de abstenerse para permitir que el texto saliera adelante.
El Gobierno negocia en estos momentos con los nacionalistas catalanes para que se abstengan en la votación del Pleno del Congreso de los Diputados -prevista sobre las 13 horas- y poder de este modo convalidar la reforma de la negociación colectiva aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de junio.
CiU critica una reforma de la negociación colectiva ala que considera "muy insuficiente y deficitaria". Considera que la flexibilidad interna ha quedado "muy relegada" en la propuesta del Gobierno, que tampoco regula la movilidad funcional ni liga salarios a productividad. A su juicio, esta reforma "empeora" alguno de los aspectos introducidos en la Ley de reforma laboral aprobada el año pasado e impone un sistema arbitral obligatorio cuando caduca un convenio colectivo que, según Duran, es de "dudosa" constitucionalidad.
Todo apuntaba a que el Congreso convalidará el real decreto gracias a la abstención de algunos grupos parlamentarios, entre ellos el PP y CiU, pero el cambio de postura de estos últimos y del PNV deja la votación en el aire.
Claves y puntos polémicos
La reforma elaborada por el Ejecutivo trata de buscar un punto de equilibrio entre las posturas que mantuvieron las organizaciones sindicales y empresariales antes de la ruptura de la negociación.
Por un lado, el Gobierno mantiene la ultraactividad de los convenios, es decir, la continuidad de las principios que regula el convenio más allá de su vigencia. Por el otro lado, amplía la flexibilidad interna de las empresas, fijando un porcentaje mínimo del 5% de la jornada laboral que se puede distribuir de forma irregular, y anteponiendo los convenios de empresa a los provinciales.
No obstante, uno de los puntos que en el futuro podría crear más polémica es la deriva obligatoria de los conflictos que surjan en la renovación de los convenios a un arbitraje vinculante. En este caso, los agentes sociales defienden que es inconstitucional obligar al arbitraje para resolver los conflictos, aunque el Ejecutivo defiende que no es así ya que es una medida transitoria hasta que sindicatos y empresarios firmen el próximo acuerdo interconfederal.
Asimismo, la reforma fija un plazo máximo para la renegociación de los convenios, que será de ocho meses en el caso de los acuerdos con una duración inferior a los dos años, y de hasta 14 meses para los que superen ese tiempo. Sin embargo, la reforma ha suscitado las críticas tanto de las organizaciones sindicales como de las empresariales.
Las patronales critican la "falta de valentía" del Ejecutivo, y siguen reclamando la eliminación de la ultraactividad y una mayor flexibilidad interna, que deje en manos de los empresarios la decisión sobre el descuelgue de los convenios.
Por su parte, los sindicatos denuncian que se impongan los convenios de empresa a los de ámbito superior y denuncian el avance en el poder decisorio de las empresas sin aumentar el margen de actuación de la representación de los trabajadores.
La reforma tendrá escaso efecto en el corto plazo
