El grupo parlamentario de CiU ha llegado a un acuerdo con el PSOE para introducir enmiendas al proyecto de ley de reforma de las pensiones que mejoran las futuras prestaciones de jubilación de los autónomos, los becarios y las personas con discapacidad.
Esta mañana se ha reunido la ponencia de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, que es la encargada de elaborar el texto definitivo de la reforma.
En relación a los becarios, la ponencia de la Comisión ha incorporado al texto una propuesta de CiU (.pdf) para que todos los períodos de formación en prácticas que se hayan realizado puedan computar para la pensión, hasta un máximo de dos años, independientemente de cuándo tuvo lugar la beca.
El principio de acuerdo al que llegaron Gobierno y sindicatos hace unos meses, sólo contemplaba la opción de que los becarios pudieran computar las prácticas realizadas en los cuatro años anteriores a la entrada en vigor de la Ley.
Al respecto, el portavoz de CiU de Trabajo y Asuntos Sociales, Carles Campuzano, precisa que el objetivo es permitir a los becarios ("investigadores, abogados...) contar con carreras de cotización más largas.
Por otro lado, señala que en materia de discapacidad se ha incluido en el texto que las personas con una minusvalía superior al 45% puedan adelantar en dos años (a los 56, frente a los 58 actuales) la edad mínima de jubilación.
En materia de autónomos, CiU ha enmendado el texto para que se establezcan exenciones, reducciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos que, como consecuencia de la crisis económica, han visto reducidos sus ingresos o tienen especiales dificultades.
Según Campuzano, el objetivo de la propuesta es evitar que esas personas tengan que cerrar su actividad.
Además de estas enmiendas, la ponencia ha aceptado otra de CiU -similar a una del PSOE- que introduce la obligación de informar al trabajador sobre la pensión aproximada que recibiría de mantenerse sus circunstancias de cotización.
Otra que resalta el diputado catalán es la referida a que el Gobierno deberá tener en el plazo máximo de un año el procedimiento general de aprobación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en los distintos sectores y ámbitos de trabajo.
Fuentes parlamentarias han indicado a Europa Press que en la primera sesión de trabajo de los ponentes, que volverán a reunirse mañana después del Pleno, los portavoces han aceptado incorporar estas modificaciones, de forma que ya no tendrán que debatirse en el debate en Comisión previsto para el próximo lunes.
Preacuerdo sobre la reforma de pensiones
