La Ley de Bienes Tangibles que la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado que se aprobará hoy incluirá una solución para los 460.000 afectados de Fórum Filatélico y Afinsa mediante una disposición adicional. El Gobierno se reunió en la noche del jueves con senadores de CiU, PNV, BNG y EA para acercar posiciones sobre este proyecto de ley y se comprometió a consensuar enmiendas con el fin de que la norma prevea un mecanismo que compense de alguna manera a los perjudicados.
En concreto, el Ejecutivo ha expresado su intención de transaccionar dos enmiendas de CiU, las número 32 y 33. En esta última, el grupo representado por la senadora Rosa Núria Aleixandre en la Comisión de Sanidad y Consumo propone que el Gobierno, en el plazo de dos meses, debe elaborar un estudio en el que se contemple la devolución íntegra de los ahorros de la totalidad de los afectados entre los años 2008 y 2011 mediante una liquidación ordenada de los activos de las dos empresas.
La otra enmienda propone que el Gobierno evalúe las medidas adoptadas para los perjudicados por la estafa filatélica e impulse un nuevo plan de atención para ellos. El Gobierno se ha comprometido a presentar hoy su propuesta, que previsiblemente acogerá en parte estas dos enmiendas del grupo catalán.
Los grupos del PP, CiU, PNV, BNG y EA en el Senado han presentado enmiendas al texto para que la Ley de protección de los consumidores en la contratación de bienes, con oferta de restitución del precio (más conocida como Ley de Bienes Tangibles) incluya una solución para los afectados. Los tres últimos están a favor de la creación de un fondo de compensación, algo que el Ejecutivo y grupos como CiU han descartado al crear un "precedente complicado", según informaron fuentes presentes en la reunión.
Una solución intermedia
El secretario de Estado de Economía y Hacienda, Carlos Ocaña, accedió a adoptar una solución "intermedia" para los afectados que perdieron sus ahorros tras la intervención de Fórum y Afinsa. "Sería un puente entre nada y todo", señalaron las mismas fuentes, en referencia a la negativa inicial del Ejecutivo a regular por ley una solución para los perjudicados por este escándalo financiero.
"Da la sensación de que el Gobierno ha dado un giro y ha adoptado un cierto grado de sensibilidad hacia el problema, tanto por la insistencia de las asociaciones como por los miles de afectados que son afiliados del PSOE", indicó a elEconomista Fernando Herrero, de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que representa a 90.000 afectados.
Impacto económico
Precisamente, esta asociación ha propuesto a los distintos partidos políticos la creación de un fondo de compensación de pérdidas, con el que se indemnizaría a los afectados por el importe de su inversión hasta un límite que se fijaría por ley, pero que estaría entre los 10.000 y los 20.000 euros. Este fondo tendría un carácter "excepcional" debido a la gravedad del problema.
El impacto económico para el Estado de esta medida sería de 1.100 millones de euros, si se toma como referencia el límite de 10.000 euros. Esta cantidad sería asumible para el Gobierno, según Herrero, ya que para los créditos ICO -que sólo han solicitado 7.000 perjudicados- ha dispuesto 500 millones.
Con el citado límite se reintegraría la totalidad de su inversión para cerca del 80 por ciento de los afectados. El resto, aunque no recuperaría todo, podría seguir reclamando por la vía judicial.
