No usarás el dinero público para demandar a la Administración que te lo ha dado. Las ayudas para la asesoría y defensa jurídica de los afectados por Fórum y Afinsa sólo llegaron a uno de cada tres afectados, y no sirvieron en ningún caso para sufragar las reclamaciones de la posible responsabilidad patrimonial del Estado en el caso. Mañana, en diario elEconomista, más detalles en el reportaje: Un año y medio del escándalo filatélico
El dinero sólo se repartió entre las diez asociaciones de consumidores y usuarios reconocidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, que apenas representan a 115.400 de los más de 400.000 clientes perjudicados.
Frente a ello, se presentan las cerca de 90 plataformas de afectados por toda España, que aglutinan a más de 156.000 personas y que, en ningún caso, han tenido dinero para sufragar los costes de asesoramiento legal.
Pero además, los 1,3 millones de euros que se dieron en marzo pasado para la defensa legal a las organizaciones del Consejo de Consumidores y Usuarios que preside Francisca Sauquillo, sólo dieron para unos 6 ó 7 euros por cada caso, con lo que la ayuda legal no ha pasado del coste de la personación en la vía penal.
Todos los afectados por la estafa, sin distinciones, han tenido que pagar a sus asociaciones o a sus abogados, según los casos, por la representación legal en el proceso concursal abierto (ámbito mercantil) y por la petición de responsabilidad patrimonial a la Administración (ámbito contencioso-administrativo).
Año y medio del escándalo
El resultado es que mañana, 9 de noviembre, se cumple un año y medio de la intervención de Fórum y Afinsa, con unos perjudicados que han tenido que afrontar una buena parte de sus gastos legales de defensa y muchas incógnitas.
Fuentes cercanas al caso aseguraron ayer que la ex ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, llegó a ofrecer a las asociaciones de consumidores más dinero para ayuda legal, algo que se rechazó porque se seguía limitando su uso a esas organizaciones y no a las plataformas ad hoc que ya se habían creado.
En asociaciones como Adicae, donde se aglutinan más de 55.000 afectados, se puede fijar un coste simbólico para pagar los procesos concursal y administrativo, pero, en otros casos, los costes pueden ser la minuta legal de un abogado y hasta un porcentaje de lo que se obtenga, algo que puede suponer un gasto elevado para economías domésticas que han perdido gran parte de sus ahorros.
Sólo dos demandas colectivas
Es más, para presentar una demanda patrimonial al Estado hay que cuantificar cada caso y, normalmente, otorgar poderes legales e incurrir en unos costes mayores que en otros procesos.
Por parte de las asociaciones de consumidores, sólo Adicae y CEACCU presentaron una demanda colectiva de este tipo, mientras que en el resto de las plataformas se ha analizado cada caso y se ha abierto el proceso.
El Ministerio de la Presidencia amplió seis meses el plazo para pronunciarse sobre estas demandas, antes de que lleguen a la Audiencia Nacional, si bien algunas ya están en ese trámite por haberse cumplido los primeros seis meses de silencio administrativo. Se esperan decenas de miles de denuncias a partir de marzo que viene, una vez saldadas las elecciones generales celebradas.
Compromisos electorales
Y es que la cercanía de los comicios está movilizando a las plataformas de afectados por la estafa filatélica. El silencio administrativo del Ministerio de Presidencia y la previsible negativa a reconocer la responsabilidad del Estado en este caso ha llevado a siete asociaciones de afectados de toda España a pedir a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales un compromiso de reconocimiento de tal responsabilidad patrimonial.
En las cartas remitidas a los candidatos de PSOE y PP, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, respectivamente, solicitan que incluyan en sus programas "el acuerdo social con los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa para que el Estado reconozca la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, Agencia Tributaria, CNMV y Banco de España".
"Falta de control y pasividad administrativa"
Estos organismos habrían incurrido, según estas plataformas, en una "falta de control y pasividad administrativa en la aplicación y vigilancia de la legislación financiera y actividad de captación de fondos realizados por Fórum Filatélico y Afinsa a lo largo de 27 y 26 años, respectivamente".
Según el portavoz de la Asociación Andaluza de Afectados de Fórum y Afinsa, Francisco Bernal, con la misiva se pretende "ver qué opción política se ha preocupado" por ellos y, en consecuencia, votar por unos u otros.
Estas asociaciones, que agrupan a 8.000 afectados, rechazan el fondo de compensación apoyado por otras plataformas y por partidos políticos como el PP.
Banco de España: En conocimiento
El contrato que lo prueba (.pdf)
