El Gobierno griego ha decidido hoy tramitar de forma urgente nuevos recortes en los sueldos de los funcionarios públicos y en las pensiones, un aumento de impuestos y privatizar puertos y empresas estatales para seguir recibiendo ayuda externa. Grecia se vende a precio de saldo y pujan China y Catar.
Las medidas serán tramitadas por el Parlamento en las próximas semanas, de acuerdo con una decisión aprobada este lunes en una extensa reunión del Consejo de Ministros presidida por el jefe del Ejecutivo, Yorgos Papandréu.
De esta forma, el país "reafirma su determinación para continuar con el programa de consolidación fiscal mediante la adopción de medidas adicionales por valor de más de 6.000 millones de euros, o el 2,8% del PIB, para lograr su objetivo de déficit para 2011 del 7,5%", según un comunicado del Ministerio de Finanzas griego.
Entre las medidas se incluyen la privatización de la Caja Postal de Ahorros, de los puertos de Atenas y Salónica, de los servicios de agua potable de Salónica y de Atenas, de la empresa telefónica nacional y del casino de Atenas.
Además, se pretende prolongará el alquiler del aeropuerto internacional de Atenas "Elefterios Venizelos". También se aumentarán los impuestos sobre el gas natural y las bebidas no alcohólicas.
Se reducirán pagas adicionales mensuales de los funcionarios públicos y las pensiones, al tiempo que se aumentará un 20% el precio de las licencias de circulación para los automóviles.
Según algunas informaciones, de las que se ha hecho eco el canal privado ateniense Alpha, el Estado tiene dinero sólo hasta fines de julio y necesita de los 12.000 millones de euros del quinto tramo de la ayuda trianual concedida por la zona del euro y el Fondo Monetario Internacional para salvar al país de la quiebra.
Ante la presión internacional, el Ministerio de Finanzas griego anunció la semana pasada que el Comité Interministerial para la Reestructuración de Activos y Privatizaciones (ICARP) ha decidido proceder a la selección de los asesores que trabajarán en el programa de privatizaciones de activos.
Este paso llega después de que, a mediados de abril, el Gobierno griego anunciara un nuevo plan para reducir su abultada deuda y sanear sus finanzas públicas. Un plan que contempla privatizar numerosos bienes y empresas estatales con el objetivo de recaudar unos 50.000 millones de euros en los próximos años, además de recortes en defensa, salarios, pensiones y acciones para luchar contra el fraude que reducirán el déficit público en unos 26.000 millones hasta 2015.
Reestructuración suave, ¿default?
El pasado viernes, la agencia de calificación Fitch rebajó la calificación de Grecia de BB+ a B+, ante el desafío al que se enfrenta Grecia para implementar el programa de reformas fiscales y estructurales que necesita para asegurar la solvencia del Estado y sentar las bases de una recuperación económica sostenida.
La nota B+ incorpora la previsión de que Grecia reciba más dinero por parte del FMI y la Unión Europea y también que no habrá ni "reestructuración suave" ni "reprofiling": eso supondría un default desde el punto de vista de Fitch.