El 80% de los directores financieros españoles cree que la recuperación económica de España no llegará hasta el segundo semestre de 2012, aunque el 97% considera que la recuperación ya se percibe a nivel mundial y confía en que se experimenten crecimientos a lo largo del próximo año, según una encuesta realizada por Deloitte a 143 cargos de las principales compañías nacionales.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El 80% de los directores financieros españoles cree que la recuperación económica de España no llegará hasta el segundo semestre de 2012, aunque el 97% considera que la recuperación ya se percibe a nivel mundial y confía en que se experimenten crecimientos a lo largo del próximo año, según una encuesta realizada por Deloitte a 143 cargos de las principales compañías nacionales.
Además, el 89% de los directores financieros continúa percibiendo que la situación financiera de España es "mala" o "muy mala", y el 71% de ellos afirma que las empresas se encuentran "muy apalancadas", puesto que creen que la deuda bancaria nacional sigue siendo cara y de difícil acceso.
También subrayan que el entorno económico actual sigue sin ser el adecuado para asumir riesgos y apuntan que la morosidad continúa siendo un factor de riesgo significativo y en aumento. Así, el 58% de los directores financieros considera que la entrada en vigor de la Ley de Morosidad no ha tenido ningún efecto sobre sus operaciones, e incluso el 29% considera que el impacto ha podido ocasionar es negativo.
Respecto a los precios del petróleo, el 79% de los encuestados opina que este factor afecta de forma negativa o muy negativa a la marcha de su compañía.
NECESIDAD DE REFORMAR EL GASTO PÚBLICO Y EL MERCADO LABORAL.
En cuanto a las reformas más demandadas, el 70% de los directores financieros cree que las medidas llevadas a cabo por el Gobierno han sido "poco" o "muy poco" efectivas, y sólo el 28% de ellos considera que están teniendo alguna efectividad, un 20% más que hace un año.
Por otra parte, el 80% de los encuestados da prioridad máxima a la necesidad de tomar medidas relacionadas con el gasto público y el mercado laboral. Así, consideran importantes las reformas relacionadas con la redefinición de competencias de las comunidades al Estado central o el desarrollo de políticas activas de generación de empleo.
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