El grupo parlamentario de la Entesa, que comparten en el Senado el PSC, ERC e ICV, ha registrado dos enmiendas al proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo para incluir en la lista de "cláusulas abusivas" las conocidas como 'cláusulas suelo' de los préstamos hipotecarios que fijen un límite excesivo a la bajada de los tipos de interés sin prever en el contrato un límite para la subida de los mismos.
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Se trata de las mismas enmiendas que ERC, IU e ICV presentaron a esta norma en el Congreso, si bien entonces la iniciativa fue rechazada por los votos de PSOE y PP. En ellas se plantea que la medida se extienda también a todos los préstamos y créditos hipotecarios en los que el bien hipotecado sea la vivienda familiar "que tengan un saldo pendiente de cancelar", es decir, a aquellas que sigan vigentes.
Así, se considerará "abusiva" la cláusula si el límite establecido a la bajada es igual o mayor al 40% del valor del índice de referencia aplicable en el momento de la contratación que figure en el contrato, o si la diferencia entre los límites fijados en el contrato para el descenso y subida de los tipos de interés supera el 4%.
EL PSOE DICE QUE SON "LEGÍTIMAS"
Durante el debate de la enmienda en la Cámara Baja, que tuvo lugar hace un mes, el socialista Álex Sáez Jubero señaló que "en principio son fórmulas contractuales válidas con causa lícita" que, además, cumplen con el objetivo de libertad de contratación que forma parte del ordenamiento jurídico, que es al que le corresponde determinar los casos con "carácter abusivo o de incumplimiento de la legislación bancaria".
Por su parte, la 'popular' Dolors Nadal aseguró que la propuesta es muy parcial y lo que se tiene que resolver es la "necesaria actualización de nuestro sistema hipotecario", tal y como plantean la propuesta pactada por todos los grupos a iniciativa del PP y de ERC para crear una subcomisión parlamentaria sobre los problemas de las hipotecas y las "prácticas abusivas" de los contratos.
Dicha subcomisión, cuya creación se formalizó la pasada semana, espera empezar sus trabajos en junio con la previsión de poder elaborar un paquete de recomendaciones y exigencias sobre los cambios legislativos pertinentes entre los meses de octubre y diciembre.
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