Verano de 1977. Con la economía española endeudada hasta las cejas por la carestía del petróleo y la inflación rondando el 30 por ciento, el Gobierno se decide a lanzar un plan de choque para estabilizar la situación, pero necesita del apoyo de todos...
"¿Y todo esto hay que hacerlo?". Eso fue lo que le espetó en un caluroso día de agosto de 1977 el vicepresidente tercero (para Asuntos Políticos) del primer Gobierno de UCD, Fernando Abril Martorell, a José Luis Leal, por aquel entonces director general para Asuntos Económicos del Ministerio de Economía, cuando éste le resumió las líneas maestras del Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía que el equipo del ministro Enrique Fuentes Quintana había diseñado para sortear la delicada situación económica que atravesaba España.
"Sí, entendemos que hay que hacerlo, y lo antes posible", replicó el que meses después se convertiría en secretario de Estado para Asuntos Económicos. Un espeso silencio y una cortés despedida cerró el encuentro. José Luis Leal salió del despacho de Fernando Abril Martorell sin saberlo, pero se había dado el primer paso para la firma de los Pactos de la Moncloa, el gran acuerdo socio-económico que apuntaló el camino de España hacia la democracia.
Una deuda descomunal
Porque a aquellas alturas de 1977 lo extremo de la situación económica amenazaba con descabalgar a golpe de tensiones sociales al caballero blanco que pretendía conducir las riendas del país hacia un régimen constitucional.
España acumulaba una deuda exterior de 14.000 millones de dólares porque no había tomado una sola medida de ahorro para paliar los efectos de la subida del petróleo como consecuencia de la crisis de 1973.
La sangría de recursos en un país en el que el 66% de la energía era importada era de 100 millones de dólares diarios. Y el resultado sobre las cuentas domésticas, alarmante: España debía al exterior tres veces más de lo que suponían las reservas de oro y divisas del Banco de España.
Además, la inflación se había anclado en niveles de república bananera con incrementos interanuales del 20% y tasas de crecimiento que llegaron a ser del 44% a mediados de 1977.
La fuerte escalada de los precios alentaba las reivindicaciones sindicales, que se descolgaban con subidas salariales del 35 %; y la situación en las empresas era insostenible. Agobiadas por deudas milmillonarias iniciaron una política de recortes de plantilla que dejó en la calle a 900.000 personas -hay que recordar que entonces la población activa era menor, porque las mujeres apenas trabajaban-, de las cuales apenas un tercio recibían subsidio por desempleo.
Cambios radicales
A este desolador panorama fue al que tuvieron que hacer frente el vicepresidente económico, Enrique Fuentes Quintana, y su equipo, en medio de unas condiciones nada favorables. Lo que estaba en juego, en el fondo, era la creación de las condiciones sociales y económicas mínimas para la consolidación de la España democrática.
Y a ello se pusieron con su mayor empeño un grupo de personas que por entonces no eran más que cargos medios de la Administración, pero que luego se convertirían en figuras centrales de la nueva economía española: Luis Ángel Rojo, que sería después gobernador del Banco de España y que por aquel entonces era subdirector del instituto emisor; Blas Calzada, responsable del Instituto Nacional de Estadística entonces y años después presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; o Manuel Lagares, inspirador de la mayoría de las reformas fiscales realizadas en democracia y entonces coordinador del grupo que redactaría los Pactos de la Moncloa.
"Desde el primer momento quisimos dividir nuestra propuesta en dos partes", recordaba José Luis Leal en una reciente jornada sobre los pactos organizada por la Fundación Ernest Lluch. "Una de ajustes económicos en el corto plazo en la que no queríamos cambiar ni una coma y otra de medidas económicas y sociales que había que tomar, pero que se podían negociar".
La parte innegociable del documento incluía medidas de control presupuestario, de política monetaria, de contención salarial, de reforma fiscal y de modernización del sistema financiero. Por ejemplo, se limitó el crecimiento del gasto público al... ¡21,4%! -todo un logro entonces-; se puso techo al crecimiento del déficit exterior; se limitó la masa monetaria en circulación para suavizar las tensiones inflacionistas.
También se limitó al 22% las subidas salariales en las empresas privadas, so pena de perder toda subvención pública de sobrepasar ese límite; se ajustó por ley el precio de determinados productos estratégicos; se dio por primera vez carácter progresivo al IRPF; se crearon 400.000 plazas de EGB para universalizar la enseñanza gratuita; y se orientó el crédito oficial hacia la inversión productiva.
Un plan con sentido político
Según Manuel Lagares, uno de sus inspiradores, "lo que realmente hizo el Programa de Saneamiento y Reforma que constituía la espina dorsal de los Pactos de la Moncloa fue sentar las bases del futuro de la economía de España".
Fue en aquel texto donde se definió el papel regulador del Banco de España sobre el sistema financiero, donde se fijó el principio de que a la hora de pagar impuestos debían abonar más lo que más ganaran, donde se estableció la enseñanza gratuita y universal; y donde se empezó a hablar de ahorro energético, política de suelo o control presupuestario, entre otros conceptos hoy ya asimilados.
Entonces la cosa fue más complicada. Adolfo Suárez había pactado previamente el apoyo de Santiago Carrillo a la revolución económica que planteaba su gabinete, pero el Partido Socialista fue más difícil de convencer. La presión interna de UGT, que se negaba a contener sus reivindicaciones salariales en convenio, dificultó la firma de Felipe González, que finalmente se sumó "por puro sentido de la responsabilidad", recuerda el entonces diputado socialista, Txiqui Benegas.
Por "puro sentido de la responsabilidad" y porque el Gobierno trufó la reforma económica de concesiones sociales como la supresión de la censura previa a la prensa o el compromiso de legalizar el divorcio, que se concretaría en 1981. Concesiones que hicieron que la Alianza Popular de Manuel Fraga se descolgara de la firma del acuerdo político; aunque sí firmó el económico.
El 25 de octubre de 1977, Adolfo Suárez (UCD), Felipe González (PSOE), Joan Reventós (Convergencia Socialista de Cataluña), Josep María Triginer (PSC), Manuel Fraga (AP), Enrique Tierno Galván (PSP), Juan Ajuriaguerra (PNV), Miquel Roca (Minoría Catalana), Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) y Santiago Carrillo (PCE) estampaban su firma en lo que se dieron en llamar los Pactos de la Moncloa y dejaban otra foto para la historia.
Según Santiago Carrillo, una de las más importantes de la transición. "La que facilitó, desde la política, crear el sustrato económico y social necesario para la consolidación del sistema democrático".
Los protagonistas
Santiago Carrillo, secretario general del PCE:
"Fue un acuerdo único. Los que piensan que podría haber otros Pactos de la Moncloa ahora están fuera de la realidad".
'Txiqui' Benegas, diputado del Partido Socialista:
"UGT presionó al PSOE entonces para que no firmáramos, pero afortunadamente imperó el sentido de la responsabilidad".
Jose Luis Leal, director general de Politica Económica:
"Neutralizamos el ajuste económico y creo que los pactos crearon el clima de consenso que necesitaba la Constitución".
Manuel Lagares, redactor de los Pactos de la Moncloa:
"Los Pactos de la Moncloa fueron un ejemplo para muchos países iberoamericanos en su camino hacia la democracia".
Manuel Fraga, presidente de Alianza Popular:
"Los pactos fueron clave para crear una cierta paz social y dar una salida a una crisis económica de grandes dimensiones".