La sombra del GIL vuelve a planear otra vez sobre Marbella. La alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, del Partido Popular, pretende construir en una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados al margen de la ley. Los terrenos están ubicados al norte de la ciudad, junto al centro comercial La Cañada, que se levantó sin licencia, y su construcción supondría alterar de forma definitiva el mapa no sólo de la ciudad, sino de toda la Costa del Sol.
Las fincas, conocidas como La Serranía y Nueva Marbella, equivalen a la mitad de toda la Operación Chamartín, que el Ayuntamiento de Madrid pretende sacar adelante para construir en la prolongación del Paseo de la Castellana 12 torres de oficinas de 40 plantas y cerca de 20.000 viviendas.
En Marbella, el proyecto se incluye ya en el nuevo Plan de Urbanismo que ha elaborado la Junta de Andalucía y que está en fase de aprobación por parte del Ayuntamiento, aunque sólo podrá salir adelante si se ignora la normativa en vigor. Según las alegaciones presentadas ante el Consistorio por algunos de los afectados, a las que ha tenido acceso elEconomista, la urbanización de este terreno incumple el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol (el POT).
Irregularidades
El suelo donde se quiere urbanizar tiene pendientes iguales o superiores al 35% y, según los estudios topográficos realizados por distintos arquitectos, está lleno de vaguadas y accidentes geográficos. El POT prohíbe expresamente la edificación en este tipo de zonas y obliga, según la normativa estatal de carreteras, a no construir en una banda de 600 metros sobre el eje de la autopista, al contrario de lo que se hará aquí, donde se traslada incluso la conexión hacia el norte con la vía rápida.
Y todo ello al margen de eliminar la red del Sistema General Viario de transporte previsto para el paso de carreteras o ferrocarriles.
Los afectados por el proyecto denuncian que "el POT es jerárquicamente superior a cualquier plan general municipal que se formule y, por lo tanto, es obligatorio mantener y cumplir sus directrices territoriales". El Ayuntamiento está estudiando actualmente las alegaciones presentadas al plan, cuyo máximo responsable es el arquitecto jerezano Manuel González Fustegueras.
El plazo para su presentación concluyó el pasado 15 de octubre y a la concejal de Urbanismo de Marbella, Alba Echeverría, se le acumula el trabajo. El Consistorio reconoce que ha habido más de 6.000 alegaciones al proyecto. Y es que los vecinos e inversores de la ciudad no están dispuestos a permanecer callados ante lo que consideran un "atropello sin antecedentes".
Rentabilizar el suelo
Paralelamente a la construcción masiva en suelo ilegal, Marbella quiere confiscar suelo urbanizable a sus legítimos propietarios para compensar así las ilegalidades cometidas en el pasado por las grandes inmobiliarias para conseguir zonas verdes y de equipamiento.
En teoría, el Ayuntamiento obligará a todos los promotores que han construido de forma ilegal -NH y Hoteles Playa, entre otros- a comprar ese suelo a precio de mercado para cederlo al municipio libre de cargas. En la práctica, sin embargo, no resulta tan fácil y los afectados temen ya que tendrán que vender a 30 ó 35 euros el metro cuadrado lo que han comprado por casi 800.
De un día para otro, el suelo urbano se ha convertido en terreno rústico. Como el Ayuntamiento tampoco ha aclarado si los que tendrán que pagar por esos terrenos son los promotores o las personas que compraron las casas ilegales, lo más probable es que se abra una batalla jurídica durante años y el plan no pueda avanzar.
Pero mientras tanto, los propietarios del suelo que han cumplido en todo momento con la ley y que han pagado sus impuestos, se quedan atrapados en la red en una situación de inseguridad jurídica. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, insiste en que una vez estudiadas las alegaciones "en profundidad" se incorporarán al plan "las que entendamos que de verdad son justas". El problema es que tras 15 años con los gobiernos del GIL, la ciudad acumula una deuda de 500 millones y Muñoz está atada a la Junta.
