Hacienda se opone al Plan de lucha contra el Empleo Sumergido elaborado por el Ministerio de Trabajo y ha anunciado que a pesar de los incentivos sobre las cotizaciones sociales que ha anunciado Valeriano Gómez, la Inspección Tributaria regularizará y sancionará a quienes afloren su actividad.
Primero lo anunció el secretario de Estado, Carlos Ocaña, en el acto de presentación de la Campaña de la Renta 2010 y ayer lo hizo el director de la Inspección de Hacienda, Joan Cano, en la clausura de una jornada sobre fiscalidad organizada por Deloitte.
Cano aclaró ayer que "Hacienda no se plantea sumarse a este Plan con alguna medida concreta y quienes afloren tendrán que regularizar, ellos mismos, o tendremos que hacerlo nosotros, pero no va a haber ningún tipo de plan específico para esas empresas".
La Inspección de Hacienda seguirá el Plan de Trabajo y "si tiene éxito no necesitaremos ningún planteamiento especial". No obstante, añadió que "este año hemos realizado actuaciones y se van a realizar muchas más".
Mientras, el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha anunciado que aplazará la aprobación del Plan en el Consejo de Ministros hasta final de mes, puesto que busca el apoyo de patronal y sindicatos.
Entre los inspectores de Hacienda, en las últimas semanas, ha generado un notable descontento, según han explicado a elEconomista diversas fuentes de la Inspección consultadas, el traslado de funcionarios especializados en el sector inmobiliario a otros sectores, preferentemente para la persecución de trabajadores que desarrollan su actividad sin estar dados de alta y que ya han consumido todas las prestaciones por desempleo que podrían corresponderles.
Según estas fuentes, el cambio de asuntos motivará que se pierda el seguimiento intensivo realizado durante los últimos ejercicios para forzar el afloramiento de las plusvalías generadas durante los últimos ejercicios por muchos constructores e inmobiliarias, que han operado en negro.
Motivos del descontento
La oposición de Hacienda al plan contra el empleo sumergido es de fondo y también de forma. En el departamento que dirige Carlos Ocaña ha sentado mal que, desde el primer momento, toda la puesta en escena del plan haya corrido a cargo del Ministerio de Trabajo, cuando la economía sumergida es un terreno con un enorme componente fiscal.
Al publicitar dicho plan, el ministro Gómez se ha centrado en su área y lo ha presentado como una serie de actuaciones de la Seguridad Social. Hacienda ha quedado al margen. Lógico, por otra parte, ya que si se anuncia que se incentiva el afloramiento de cotizaciones pero no el pago de los impuestos debidos, el plan pierde gran parte de su eficacia y las empresas se retraen, afirman fuentes tributarias.
Sin embargo, lo que no ha gustado nada en Hacienda son los cálculos relacionados con la economía sumergida. Los responsables del Fisco no son en absoluto partidarios de cuantificar el porcentaje de economía oculta porque "sencillamente no se sabe".
Los porcentajes de economía sumergida sobre el PIB que facilitó primero Celestino Corbacho y más recientemente Valeriano Gómez no han sido secundados ni por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ni por ninguno de sus altos cargos. En ningún momento han sido ratificados.
Hay un tercer motivo, y muy importante, que ha encendido las alarmas en el departamento de Ocaña: el hecho mismo de incentivar el pago de deudas con la Administración, cualquiera que sea la institución afectada. En Hacienda creen que, aunque sea una forma de aflorar trabajadores y se le llame regularización, no es eficaz y además puede sentar un precedente peligroso.
Por eso mismo, por cada empleado que "salga a la luz" se van a reclamar las retenciones de IRPF no ingresadas por el empresario a la Agencia Tributaria, así como el IVA de cualquiera de las actividades afloradas, de acuerdo con las mismas fuentes.
Todo se hará como en los casos de los contribuyentes "normales", lo que implica que habrá recargos por pago fuera de plazo, intereses de demora y sanciones si ha lugar a las mismas.
Más fácil el pago con la Seguridad Social
