Exigirá eficiencia y calidad para autorizar ayudas de Estado a servicios como transporte, energía o correos
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BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea quiere suavizar los requisitos para autorizar la financiación pública de servicios de ámbito local y servicios sociales con escaso impacto en materia de competencia. En contraste, exigirá unos mínimos de eficiencia y calidad para aprobar ayudas de Estado a servicios comerciales de gran escala como el transporte, la energía o los postales.
Estas son las dos prioridades de la reforma de las normas de la UE sobre financiación de servicios públicos lanzada este miércoles por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia. La legislación vigente expira en noviembre de 2011 y el Ejecutivo comunitario pretende presentar un nuevo texto normativo en julio tras consultar con los interesados.
"Creo que es conveniente, en particular en el contexto actual de limitación de las finanzas públicas, dar más importancia a la eficiencia y a la calidad a la hora de examinar las ayudas públicas concedidas para estos servicios", ha dicho Almunia en un comunicado.
Bruselas tiene la responsabilidad de vigilar que la financiación de los servicios públicos no distorsione la competencia ni los intercambios en el mercado único. De acuerdo con las actuales normas, basadas en la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, la financiación pública a una empresa de servicios debe limitarse al importe necesario para compensar la obligación de servicio público, incluyendo un beneficio razonable.
Sin embargo, estas reglas no tienen en cuenta el nivel de costes de la empresa prestataria en comparación con los que tendría una compañía bien gestionada. Ello obstaculiza, según la Comisión, el buen funcionamiento de los mercados y podría perjudicar la calidad de los servicios y la eficiencia del gasto público.
"La Comisión examina por ello en qué medida debe darse mayor importancia a la eficiencia y la calidad a la hora de autorizar ayudas de Estado a prestatarios de servicios públicos", señala el documento de consulta.
En cuanto a los servicios de carácter local y los sociales, el Ejecutivo comunitario simplificará las reglas para reducir los trámites burocráticos. Las normas actuales ya excluyen de la obligación de notificar a Bruselas aquellas ayudas inferiores a 30 millones de euros al año concedidas a empresas con volumen de negocios inferior a 100 millones de euros.
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