Gescartera.-La operatividad en bolsa era casi nula y los empleados se dedicaban a pasar el tiempo", según un trabajador

Los testimonios del secretario del consejo de administración y del director financiero ponen de manifiesto la falta de actividad

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El empleado del departamento de compra-venta de valores de Gescartera Justo Martín Sánchez declaró hoy como testigo en el juicio oral por el fraude de la agencia de valores, y manifestó que la operatividad en bolsa era "casi nula" y que los empleados del departamento se dedicaban a "pasar el tiempo". "No recibíamos peticiones, salvo de dos o tres clientes", afirmó.

Durante la mañana declararon como testigos el secretario del consejo de administración de Gescartera, José Antonio García la Chica, el director financiero, Francisco Moreno Fernández, y los integrantes de la red de testaferros de asignación de pérdidas María Elena Sánchez Cabrera y José Ignacio Sánchez Fernández. Todos ellos estuvieron imputados durante la fase de investigación.

El empleado del departamento de compra-venta explicó que las principales operaciones que se hacían eran las llamadas "intradía", que se realizaban durante los últimos veinte días de cada trimestre bajo la orden del jefe del departamento hasta el verano de 2000, Tomás Robles, y del propietario de Gescartera, Antonio Camacho. El empleado afirmó que no había una gestión "normal" de agencia de cartera y que no se tomaban posiciones en el mercado.

A preguntas del fiscal, Sánchez declaró que "ignoraba" si Gescartera tenía saldo en sus cuentas mientras ordenaba la compra venta de títulos a nombre de la agencia de valores y "nunca" de los clientes.

La liquidación de las operaciones "intradía" se repartía entre los clientes en el departamento de asignaciones al que el testigo no podía acceder por las llamadas "murallas chinas" que impedían el intercambio de información entre los empleados. El testigo explicó que el consejo de administración no participaba en el comité de inversión formado por Camacho, Robles y el departamento de gestión.

FALTA DE ACTIVIDAD EN GESCARTERA.

La declaración del secretario del consejo de administración de Gescartera, José Antonio García la Chica puso de manifiesto que los miembros del consejo "nunca" mantuvieron reuniones ni participaron en la estrategia de inversiones de la agencia de valores.

García de la Chica explicó que la "única" reunión del consejo tuvo lugar el 15 de junio de 2001, un día después de la intervención, durante la cual aconsejó a Camacho y a su "número dos", José María Ruiz de la Serna, que dimitieran de sus cargos. El testigo afirmó que su labor en la agencia de valores era la de "asesorar".

Durante su declaración, el director financiero de Gescartera, Francisco Moreno Fernández, aclaró que su labor como "auditor general" de la agencia de valores era la de certificar el flujo de capitales. Moreno era la persona que firmaba los informes trimestrales que Gescartera enviaba a la CNMV después de verificar que el importe total de las inversiones de los clientes coincidía con los saldos depositados en los bancos.

El testigo manifestó que "no conocía" los saldos individuales correspondientes a cada cliente ni si eran de renta fija o renta variable. "Sólo verificaba el saldo total", afirmó. Moreno confirmó que en Gescartera no había cuentas individuales para cada cliente y que sólo se empezaron a abrir cuando abandonó la agencia en el año 1997, para "algunos" inversores.

Durante su declaración, la testigo María Elena Sánchez Cabrera, a punto de dar a luz, explicó que accedió a proporcionar su identidad y su firma para un contrato "en blanco" de Gescartera bajo la promesa de retribuciones en función de las posibles ganancias.

Sánchez "pensó" que no era "tan extraño" que la gente con dinero acudiera a otras personas para gestionar su dinero y que "nunca" recibió dinero de la agencia de valores.

Su padre, el militar retirado Ignacio Manuel Sánchez, fue la persona que le propuso ceder su firma y su DNI a Gescartera a petición de su "amigo", asesor fiscal externo de Gescartera, Rodríguez Gil, imputado por proporcionar la lista de testaferros a los que se asignaban pérdidas con la finalidad de compensar contablemente las aparentes ganancias que se hacían supuestamente a los verdaderos inversores de Gescartera. El testigo confirmó que el imputado cobró 180.000 euros de Gescartera en el momento de la intervención y que no tuvo "ni idea" de que la finalidad era la asignación de pérdidas.

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